LOS ESPAÑOLES que pasamos de la cincuentena y tuvimos la fortuna de trabajar en la redacción de algún medio de comunicación potente la tarde, la noche y la madrugada del 23 y 24 de febrero de 1981, sabemos que miente el Congreso de los Diputados en la declaración que su presidente leyó con motivo del veinticinco aniversario de tan infausta fecha. Y miente a sabiendas y para que quede para la posteridad en el libro de sesiones un manifiesto que contradice lo que está guardado en las hemerotecas. Sólo desde la ingratitud y el narcisismo se puede achacar el fracaso de la intentona golpista a la «reacción popular» y al «heroico» comportamiento de las instituciones, dejando al rey Juan Carlos con los mismos méritos que todas ellas. ¡Que pena! Ese día la gente se metió en sus casas, el Gobierno en pleno y los jefes de los partidos políticos fueron rehenes de Tejero en el Congreso y los militantes de las distintas formaciones estuvieron calladitos; los sindicatos cerraron sus sedes, sus líderes desaparecieron y alguno se llevó los archivos para ponerlos a buen recaudo; los presidentes de las comunidades autónomas hicieron mutis por su foro (incluso alguno cruzando fronteras), y de Jordi Pujol supimos por Zarzuela lo de «tranquil, Jordi, tranquil». Esa tarde-noche, de quienes podían impedir el desafuero sólo funcionaron las radios libres, la prensa libre, la comisión de subsecretarios, presidida por el director de Seguridad del Estado, Paco Laína, que aceptó la idea lanzada por Jaime Terceiro, subsecretario de Hacienda, de constituir «un gobierno civil», y por encima de todos el rey Juan Carlos, que, junto con el secretario general de su Casa, Sabino Fernández Campos, paró al Ejército, desarmó el golpe y con su enérgica intervención y aparición en televisión, vistiendo uniforme de capitán general, evitó un retorno al franquismo y salvó la democracia y la reconciliación entre los españoles. Lo demás son ganas de tergiversar la historia y hacer caso a dos partidos como Esquerra Republicana de Catalunya y Eusko Alkartasuna que representan un 5% de los diputados, proclaman su fe de carbonero en la república y desean separar de España a Cataluña y al País Vasco. Y por hacer caso a ambos, el PSOE y el PP han firmado una declaración vergonzante de un hecho histórico. De los dos primeros no se puede esperar otra cosa, pero a los segundos hay que exigirles otras bien distintas, porque si no, ¿qué credibilidad les queda?