DEBO RECONOCER que me ha llenado de gozo la reciente detención de tres parejas de origen rumano que obligaban a sus hijos menores de edad o a su cargo a cometer diarios y reiterados hechos delictivos, entre ellos robos con fuerza e intimidación, estafas y hurtos. El que por primera vez en España una investigación policial haya conseguido estructurar la argumentación jurídica necesaria para acusar a los padres o tutores de los delitos cometidos por sus hijos menores de edad o a su cargo es una buena noticia para la mejor tutela de los derechos de esos menores y para la defensa del ciudadano y de sus espacios de libertad. Todos hemos visto y hasta padecido el acoso continuo de estas bandas de menores que pululan por las ciudades españolas en busca del incauto, del turista y del anciano para quitarle al descuido cualquier objeto de valor. Que un juez haya ordenado la prisión provisional para los padres, acusados de más de 600 delitos cometidos por sus hijos y de otros de asociación ilícita y contra los derechos y deberes familiares, y decretado la tutela de los organismos públicos para sus vástagos, puede acabar con esa impunidad permanente en la que se movían los menores, a quienes las reiteradas retenciones de la policía sólo servían para que los llevasen a casa en vehículo policial, reprendiesen a los padres y que los primeros volvieran a las andadas por orden de los últimos y bajo la amenaza de la paliza si no regresaban cada día al hogar con un botín suficiente. Cada vez más, los educadores, las instituciones y los jueces son conscientes de que muchas conductas delictivas de los menores tienen su origen en la irresponsabilidad de sus progenitores, para quienes eso que se ha llamado siempre paternidad responsable no es más que una frase que ni entienden ni quieren entender. Esos progenitores son los que se inhiben de la educación de sus hijos, los consideran únicamente sujetos de derechos, les permiten todo por conveniencia o irresponsabilidad y exigen a los poderes públicos que los sustituyan en tan importante, irrenunciable y a veces ingrata labor. Con esta decisión judicial la policía recuperará la moral perdida en la represión de esta delincuencia, el ciudadano la confianza en las instituciones y los menores el derecho a una tutela efectiva. Todos ganan y solo pierde el delito.