EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así. La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios. Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados. La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral. El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad. No se ha ido de lo general a lo particular. Se ha elegido la vía de las soluciones singulares, de Estatuto en Estatuto. No se ha reformado la Constitución, pero se presionará sobre el artículo segundo, que habla de Nación española y de nacionalidades y regiones. Puede quedar alterado de hecho por una interpretación que se entiende es conforme a una realidad distinta de la que se contempló en el momento constituyente de 1978.