EL GOBIERNO de coalición de la Xunta viene adoptando decisiones en materias ambientales, territoriales y urbanísticas que indican un cambio significativo, aunque muchas de ellas, debido a la insuficiencia de las políticas sectoriales del anterior ejecutivo, recaen en el «de entrada, no»: minicentrales, aerogeneradores y piscifactorías en espacios protegidos, desmanes en la bolsa de alquiler y la hipoteca joven, disciplina urbanística y suspensión de planes... A veces la acción de gobierno se desdibuja porque la competencia entre PSOE y BNG se traduce en la formulación de propuestas descoordinadas, como las dos para el área metropolitana de Vigo, unificadas luego en el Parlamento, o en la machacona regueifa sobre la política inversora de la Administración central. El bipartito está llamado a ser unipartito ante las cuestiones fundamentales. Las excepcionales medidas de suspensión de planes generales tienen una relación directa con la transgresión o interpretación aleatoria que se produce en ciertas villas. Lo realmente importante es establecer criterios sólidos para su aprobación, buscando el difícil equilibrio entre la autonomía municipal y la asunción del urbanismo como cosa propia de la comunidad autónoma. Un ayuntamiento, por ejemplo, puede fijar su quantum edificatorio, y la Administración autonómica podría limitarlo o reorientarlo al introducir pautas de ordenación y especialización de los distintos suelos derivadas de directrices territoriales, planes directores o inversiones en infraestructuras. Por eso llama la atención que el Pacto Local incluya como competencia delegada la aprobación definitiva del planeamiento general; esto supondría que la Administración autónoma no pasaría de ser una simple supervisora. Otra materia es la legislación del suelo. A la vista de las complicaciones que han generado las sucesivas modificaciones, parece prudente estar atento y participar en los cambios de la ley estatal y admitir que, tal como sostenía en un reciente seminario en la EGAP, el problema de nuestro urbanismo no es jurídico, sino social, cultural y político, pues está en el seno de las formaciones políticas, que no le dan todavía al asunto la importancia debida y se dejan obnubilar por el resplandor del número de licencias. Y también en una ciudadanía que, influida por la irradiación de la mentalidad inmobiliaria de la urbe, ve en cada leira un solar al margen de cualquier otra consideración. Hace una semana me lo decía un marinero de Caldebarcos: «Qué mal hai en construir todo iso», y atribuía «á política» la imposibilidad de edificar a pie de orilla. Y, cómo no, la organización territorial. Las nuevas estructuras metropolitanas, que habían alcanzado ya un acuerdo, o el futuro de las diputaciones, montadas como uvis paternalistas buenas para que Galicia siga siendo la de siempre, pero no la del futuro, necesitan el consenso de todas las formaciones. De este Gobierno bipartito se espera que sea unipartito en la acción y multipartito en la negociación con el PP de los temas estructurales. Un Gobierno más de síes y de propuestas que de comisiones, expertos y consultas asamblearias, que dilatan las decisiones y crean sensación de inseguridad.