HA BASTADO que el zar de los derechos de autor haya levantado una ceja y azuzado a sus mastines para que varios políticos le hayan rendido pleitesía y accedido a sus deseos, aunque éstos supongan un menosprecio a los consumidores y usuarios. El enfado del zar se debe a la tramitación de un proyecto de ley que habilita al Gobierno para que modifique, amplíe y desarrolle las funciones de la comisión mediadora y arbitral de la Propiedad Intelectual, e incluya las de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos en los que sean parte las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual entre sí o entre alguna de ellas y una o varias asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión. En una palabra, que una comisión de expertos independientes pueda decir si son justas y ecuánimes unas tarifas. La ley actual permite que cualquier colectivo que participa en una obra audiovisual (actores, directores, guionistas, músicos, artistas plásticos, etcétera) pueda, con la mera autorización del Ministerio de Cultura, constituir una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, fijar libremente sus tarifas y cobrarlas a una televisión o a una radio, a un teatro, un bar o un restaurante, que use algo de su repertorio, aunque sólo sea un segundo al año. Cada una de estas sociedades goza de la presunción de representar los derechos universales de un colectivo y, en general, actúa en régimen de monopolio, por lo que al consumidor, que no puede adquirir los derechos en otro lugar porque no existe competencia, sólo le queda la opción de pagar o de no emitir nada de ese repertorio. El problema se agrava porque la ley española es la única en el mundo que reconoce a cualquier creador, o intérprete o ejecutante de creaciones de otros el llamado derecho irrenunciable, que consiste en que no basta que una televisión, por ejemplo, contrate un programa y pague hasta el último céntimo de la cantidad acordada libremente con todos y cada uno de los que intervienen en la obra, sino que, además, si la cadena emite ese programa -y lo hará, puesto que los programas se producen para emitirlos- tendrá que pagar a cada entidad de gestión de cada colectivo que participa en la obra un porcentaje de sus ingresos brutos anuales. Es como si usted se comprara un coche y cada vez que lo usara tuviera que pagar un porcentaje de su salario bruto anual a cada uno de los colectivos que ha diseñado y fabricado el coche. Absurdo, ¿no? Pues ese es el negocio de las sociedades de gestión colectiva de derechos. Y al zar de esos derechos le parece un ataque a la libertad de los creadores e intérpretes el que una comisión arbitral de expertos independientes diga si son o no abusivas las tarifas que imponen esas entidades.