EXISTE unanimidad en que termine, de una vez por todas, el terrorismo de ETA en sus diferentes manifestaciones. Su consecución, a lo que habrán colaborado muchos factores y personas, será un triunfo político de primera magnitud para el presidente del Gobierno que lo logre. Es el asunto estrella que oscurece otros también importantes. Por eso, no es descartable la tentación de alcanzar tan provechosa meta del modo más rápido posible, sin escatimar el precio. Estando de acuerdo con el objeto, cualquier negociación se circunscribe a los términos en que va a concretarse lo que cada parte va a dar a la otra. Un ingrediente determinante del éxito para quien negocia consiste en administrar inteligentemente los tiempos. Quien tiene prisa por concluir el negocio suele encontrarse en peores condiciones para hacer prosperar sus propuestas. En el asunto que nos ocupa, ¿quién tiene más prisa?, ¿y por qué? A estas alturas, y a ello me he referido en otra ocasión, caben pocas dudas de que ETA tiene interés en el alto el fuego. Y si cuando lo declaró de un modo unilateral, al menos formalmente, era claro el interés de que Batasuna pudiese participar en las próximas elecciones municipales, a día de hoy es meridiano. Ella misma lo proclama sin rebozo. La legalización de Batasuna es cuestión prioritaria por razones políticas y también económicas. Si no hay impuestos revolucionarios, ni ingresos públicos, ni actividades privadas, la subsistencia es más difícil. Discutida en su planteamiento, la ley de partidos ha sido eficaz y lo seguirá siendo mientras sea aplicada por jueces que, en ocasiones, pueden estar perplejos ante una realidad que la ley no reconoce. Es plausible que los aberzales puedan participar en el juego democrático. Pero las mismas exigencias de éste reclaman que se haga sin ningún privilegio. Por eso me parece razonable la opinión expresada por el Defensor del Pueblo, el veterano socialista Enrique Múgica, de que no se legalice Batasuna antes de que ETA haya entregado las armas, o, dicho con otras palabras, mientras el alto el fuego no sea definitivo. Batasuna, en unas elecciones tuteladas por un alto el fuego permanente, tiene ventajas de las que no disfrutaría si fuese definitivo. Tampoco se garantizaría plenamente la libertad de voto, esencial en una democracia. Proceder del modo sostenido por el Defensor del Pueblo sería incluso ventajoso para el PNV, aunque no lo declaren públicamente. Batasuna es un rival político, a pesar de acompañarlo en sus reivindicaciones. La permanencia del alto el fuego interesa más a ETA y a Batasuna que a los representantes del Estado. Constituye una muestra de buena voluntad por conseguir la paz, en su proverbial dominio del lenguaje. La apertura de negociaciones, con la intención de que conduzcan a una solución definitiva, sólo tendría sentido cuando se haya producido la razonable seguridad de que no se interrumpirá ya la permanencia del alto el fuego y extorsiones colaterales. Esa comprobación ha de tomarse con calma por el Estado. La prisa procede del otro bando. Cuanto antes ETA adoptase una solución definitiva, antes podría Batasuna participar en la vida pública por los cauces democráticos. Es una baza a jugar Zapatero, que tiene todo a su favor, no debería tener prisa por alcanzar un objetivo que todos desean. Los problemas generados a lo largo del tiempo lo necesitan también para resolverlos. Hay mucho sentimiento por medio, al que no se puede mandar por decreto. Ese tiempo no es el que marca la convocatoria de unas elecciones generales. Si así fuera, se produciría la amarga paradoja de estar incurriendo en lo que se achacó a Aznar con motivo del 11-M: forzar los términos de una negociación -que es una cuestión de Estado- en beneficio de un éxito electoral.