EL CIRCUITO del Estatuto catalán tiene curvas peligrosas. En la última vuelta ERC se ha salido de la pista. La marcha de la carrera había quedado marcada por el cambio de pareja llevada a cabo en boxes de Moncloa. Ha terminado por dinamitar el tripartito. Queda por ver qué sucederá en la meta del referéndum. No parece que sea un modelo a seguir en Galicia. También aquí el comportamiento de los políticos va a influir en el del pueblo cuando se le convoque. Al fin y al cabo han sido los impulsores de una revisión que no figuraba entre los apremios manifestados en los sondeos. Porque una participación que no supere la legítima pero escasa de hace un cuarto de siglo, sería preocupante, ahora que se tiene una larga experiencia de autogobierno y no es preciso ya explicar el significado de la palabra. Harían bien los responsables en llegar a un acuerdo, más o menos explícito, de preservar el tema del Estatuto de la partidista refriega ordinaria que llega, con demasiada frecuencia, a niveles que no prestigian a sus actores. Porque el Estatuto es una norma especial, «institucional básica» de la comunidad autónoma, como dice la Constitución. Una norma para la convivencia y no para la confrontación, con voluntad de permanencia, no dependiente de los bandazos que, a veces con exceso, produce la alternancia en el poder. A los parlamentarios corresponde la responsabilidad de elaborar un texto que ofrezca garantía de éxito a los ciudadanos. La comisión elegida es una solución ortodoxa. No parece que le hayan servido de mucho las comparecencias solicitadas. En unos casos, las entidades convocadas o no han podido llevar a cabo el debate interno necesario para expresar su opinión, o han declinado emitirla. En otros, lo único que se ha obtenido es el parecer personal de un ciudadano. Para que el proceso funcione, quizá lo más aconsejable fuera dejar que la comisión trabaje, sin estar sometida a los focos de la controversia pública. El trabajo se facilita si se buscan los puntos en los que resulte más hacedero el acuerdo. Sería razonable comprobar qué preceptos del Estatuto vigente pueden seguir manteniéndose y cuales, por su evidente transitoriedad, se suprimirían. También cabe un fácil acuerdo por integrar en el Estatuto lo que está fuera de él, pero dentro del ordenamiento jurídico de la propia comunidad autónoma. Existen, de otro lado, numerosas cuestiones técnicas en las que no debería ser ardua la coincidencia. No debería encontrarse dificultad insalvable en materia de financiación, ni en seguir, en esto sí, el modelo catalán de una disposición adicional para inversiones estatales en infraestructuras. Una cuestión previa es decidir si se quiere una reforma o un nuevo Estatuto. La decisión condiciona su estructura. Sin principios, ni la vida personal ni la de la colectividad, merecen una calificación positiva. En ellos descansan las convicciones profundas que reflejan la personalidad. Por eso, será preciso buscar un denominador común entre las tres fuerzas políticas que integran el Parlamento de Galicia. Es el punto más delicado. Tal como están las cosas, ninguna revisión del Estatuto podrá salir sin ese consenso fundamental. Habrá que afinar hasta qué punto se puede ceder sin comprometer la lealtad a los principios que se defienden. Siempre quedaría lo no conseguido ahora como un ideal de futuro. Porque si la propia posición se erige en un absoluto, se cierra la salida a cualquier compromiso. Lo protagonizado por ERC es elocuente. En Galicia no hay repuesto como en Cataluña. El no de uno de los tres partidos conduce necesariamente al fracaso de la reforma. El itinerario del Estatuto gallego cuenta con escollos a sortear: lo identitario, derechos fundamentales, «conquistas» catalanas ¿ La pericia en sortearlos pondrá a prueba la calidad de los navegantes en la nueva «odisea celta». Al final, el pueblo pronunciará el veredicto.