DURANTE AÑOS los ciudadanos hemos visto saquear Marbella sin que la Justicia y los demás poderes pusiesen freno al festín. La primera porque, entre otras cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga estaba en «quiebra técnica», tardando una media de seis años en resolver los procedimientos de los que conocía. Este plazo, sumado a los de recurso ante el Supremo, creaba una auténtica situación de ausencia de tutela judicial efectiva, al decir de varios juristas. Los segundos, con la Junta de Andalucía a la cabeza y de teloneros el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Superior del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, porque frente a un entramado delictivo que no dudaba en hacer la vida imposible a aquellos jueces en quienes veía un peligro, ni en robar sumarios con nocturnidad y alevosía, seguían considerando a Marbella como un destino judicial más. ¿Es que todos son así? Ha tenido que ser un juez con puesto temporal en el juzgado marbellí, es decir, en comisión de servicios, el que esté instruyendo las últimas grandes operaciones contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Ahora, destapada toda esa olla podrida y con un Ayuntamiento que no puede reponer ni el papel higiénico, la gestora nombrada por los partidos políticos y respaldada por la Junta de Andalucía y el Gobierno no ha tenido mejor ocurrencia que ponerse unos sueldos que compiten gallardamente con los de cualquier ministro. Esos 5.975 euros brutos al mes para su presidente y 4.975 para los catorce miembros restantes son un insulto a la ciudadanía y otra muestra de la sinrazón y falta de escrúpulos que empieza a imperar en la vida española. Por lo visto, el recurso a una gestora de técnicos compuesta por abogados del Estado, inspectores de Hacienda y técnicos de las administraciones autonómica y central, que en comisión de servicio seguirían cobrando sus salarios de los lugares de procedencia sin gravar las vacías arcas del consistorio, no era una buena solución de tránsito hasta las próximas elecciones locales para quienes quieren seguir controlando los hilos de ese puerto de arrebatacapas. Todo muy pensadito, todo muy arregladito y todo un presidente de la gestora, Diego Martín, que actúa como si hubiese sido elegido en elecciones municipales y no cooptado entre sus miembros a propuesta de la Diputación de Málaga, en manos del PSOE, para atender los asuntos de trámite y nada más. Aunque nada menos.