EN LA ÚLTIMA semana el panorama de Fórum y Afinsa ha sufrido una importante modificación. No se habla de los presuntos estafadores, delincuentes de cuello blanco, que, al parecer, desde la cárcel imparten enérgicas órdenes y contratan despachos jurídicos de postín, sino que el problema se ha centrado y seguirá centrándose en la pelea entre Gobierno y la oposición, el PSOE y el PP, o Solbes y Rato, sobre las responsabilidades que pudieran tener, no por haber hecho algo, sino al contrario, por una conducta omisiva de no regular o establecer controles sobre las actuaciones de los Melquíades modernos que en nuestro Macondo particular cambiaban ilusiones por ahorros. Pero el enfrentamiento entre Solbes y Rato va mucho más allá de una disputa política. La enjundia del nuevo planteamiento viene de si la actuación, o mejor, la no actuación, implica algún tipo de responsabilidad penal por negligencia de algún funcionario o autoridad. De ser así, que es lo que persiguen los damnificados con sus abogados y asociaciones, de haber condenas, en su día se produciría una responsabilidad civil de la Administración, y ésta tendría que hacerse cargo, subsidiariamente, de la devolución de las inversiones realizadas. Hay antecedentes de ello. En el procedimiento judicial que se siguió por el envenenamiento a causa del aceite de colza, finalmente las indemnizaciones, cercanas a medio billón de pesetas, fueron a cargo de la Administración, y todo debido a la condena que como autor de una falta de negligencia se le impuso a un alto cargo que no había prestado la atención debida, al no tomar medidas o no sospechar ante el aumento desmesurado de las importaciones de aceite de colza. Las espadas están, pues, en alto. Por una parte, los damnificados y sus abogados, que luchan y declaran la implicación de la Administración, y por otro la propia Administración, ésta y las anteriores, que discuten entre ellas sus conductas y en cualquier caso tratan de que no les salpique responsabilidad alguna, ni política ni judicial. Al final, la solución vendrá dada por los tribunales, que, después de un larguísimo y complejo proceso que ahora empieza, dirán la última palabra. Y digo complejo porque en este asunto se mezclan aspectos mercantiles -quiebra o concurso de acreedores-; laborales, ante la previsibles rescisión de los contratos de los trabajadores; y, fundamentalmente, penales. Y señalo que larguísimo porque este procedimiento, sin par en la historia judicial española por los miles de afectados y asociaciones que se van a personar en la causa, se va a dilucidar en varias instancias, las cuales no serán definitivas hasta que en último término sea el Tribunal Constitucional el que, sin duda, acabará dictando la sentencia definitiva. Entretanto, todo lo que se diga sobre la recuperación de lo invertido no son más que fuegos de artificio, y los damnificados habrán de organizarse y armarse de paciencia.