LA SESIÓN extraordinaria del Parlamento gallego sobre la reforma del Estatuto ha sido una buena iniciativa. Ha permitido visualizar las posturas de partida de las tres fuerzas políticas. Al acuerdo sobre siete puntos del Gobierno bipartito, el PPdeG ha aportado una propuesta suficientemente amplia y articulada, que proporciona abundante material a la ponencia. Uno de los escollos para el necesario y deseable consenso estriba en cómo plasmar en el Estatuto el autorreconocimiento de Galicia. Se mezclan elementos de táctica política, de convicciones y sentimientos, disciplina partidaria y técnica jurídica. Las comparaciones que se hacen entre nosotros con el País Vasco y Cataluña derivan de aparecer implícitamente juntos en una disposición transitoria de la Constitución. Allí, el carácter histórico se refería a un momento concreto, lo sucedido bajo la vigencia de la Constitución de 1931. Un argumento incontestado en cuanto a su objetividad, porque sólo esas tres comunidades habían plebiscitado favorablemente un Estatuto de autonomía. No se apelaba directamente a algo anterior, como han argüido posteriormente otras comunidades no carentes de historia. Además de ser eficaz dialécticamente, aquella apelación hacía justicia a quienes habían sido sus promotores, yendo por delante de la sociedad. Así lo hicimos quienes entonces tuvimos responsabilidades públicas, cuidando hasta en pequeños detalles esa memoria, al presentar el consensuado anteproyecto de Estatuto un 28 de junio en el Congreso de los Diputados. El linaje de «nacionalidad histórica» es limpio e ilustre. Fuimos pioneros. Pero resulta que otros han adoptado posteriormente la misma denominación. Se ha perdido exclusividad. Se corre, incluso, el riesgo de que se generalice el uso de nacionalidad en una nueva versión del «café para todos», que conseguimos superar en la Constitución, aunque por la vía de la transitoriedad. El título que poseemos daría la impresión de que ha venido a menos. El País Vasco se encuentra amparado con el reconocimiento constitucional de los derechos históricos en una disposición adicional. Cataluña se ha zafado del saco común -por lo que se refiere a lo identitario- recordando en el preámbulo del Estatuto que el Parlamento constató que el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía lo definía como nación y que su «realidad nacional» se reconoce como nacionalidad. Andalucía incorpora al articulado la nacionalidad histórica y en su preámbulo la «realidad nacional». No podemos quedarnos atrás; no podemos dejar de jugar en la primera división, se dice, con referencia a incorporar, de una u otra manera, el adjetivo nacional . Se agita la sombra del aldraxe, para acentuar el dramatismo de las consecuencias por la no aceptación del «carácter nacional» de Galicia. En ese ambiente es difícil que prosperen propuestas que no estén estimuladas por el calentamiento emocional. Aunque el PPdeG se haga fuerte en la financiación, tiene muchas cartas para que le toque ser villano en lugar de patriota constitucional. Que Galicia figurase junto al País Vasco y a Cataluña en la Constitución, un hecho ahora tan valorado, permitió acceder al máximo techo autonómico sin tener que esperar, como las demás comunidades. Los acuerdos en que participaron socialistas y populares convirtieron en agua de borrajas aquel logro. De ahí vienen los actuales lodos. Ahora se insta a subir el listón, cuando no tenemos más agarradera que ese benemérito precedente.