OBLIGAR a unos padres a mandar a su hijo a un colegio público en el que hay violencia, drogas y poco rendimiento escolar es un concepto tiránico del poder. Nadie puede justificar que por una cuestión de domicilio unos padres estén obligados a poner a su hijo en grave riesgo educativo. Por el contrario, es muy justificable que algunas familias hagan lo posible para que sus hijos no tengan que sufrir este proceso de deterioro educacional, y busquen empadronarse donde sea necesario. Lo que está mal no es que los padres hagan trampa para buscar el mejor centro para sus hijos, sino que la Administración los quiera obligar a que los manden a uno determinado. Eso sólo puede calificarse de tiranía irracional. Estamos ante una decisión política de gran alcance que afecta a muchas familias. Podrá argumentarse que si todos los padres llevan a sus hijos al colegio público que más les gusta o que tiene más prestigio, algunos centros se quedarían vacíos y otros no podrían acoger a todos los que lo solicitan. Por lo tanto, lo único posible es obligar a que las familias lleven a sus hijos al centro que les corresponde, con el tiránico criterio de la decisión administrativa correspondiente. Y no faltarán los que afirmen que el que quiera otra educación que la pague. Nada más injusto. Estamos ante una injusticia porque va contra la igualdad de oportunidades: condena a muchos chavales a maleducarse mientras que otros están en el ambiente más favorable para labrarse un futuro mejor. Es injusto, porque siempre acabará afectando directamente a las familias más desprotegidas, a aquellos padres que no tienen tiempo o capacidad de defenderse ni de mandar a sus hijos a un colegio concertado. Es irracional porque esta actitud va contra la educación pública. Los responsables políticos tiene la obligación de ofrecer a los ciudadanos un sistema educativo justo, con igualdad de oportunidades para todos, y ésta no la hay si no se cuida la educación pública o no se da la posibilidad a los padres de elegir el centro que consideren más adecuado para sus hijos. Los centros públicos desprestigiados, sin una dirección seria, donde no se pueda garantizar que los alumnos con interés puedan estudiar libres del acoso de los inadaptados, deberían ser cerrados. Una consellería responsable no puede quedar tranquila con mantener estos centros por presiones sindicales. Ni debería quedar tranquila por el hecho de que las asociaciones de padres o los consejos escolares estén controlados por su corriente política. Ni puede estar tranquila porque los profesores sean de su partido y se callen los graves problemas que generan estas leyes educativas que perjudican a los más pobres. Todo esto es tiranía educativa, por mucho que se camufle con votaciones. Es necesario promover mucho más la libertad de los padres.