QUE A los nacionalistas catalanes no les interesa el sistema democrático y sus contrapoderes es cosa sabida y se ha manifestado con claridad en las reacciones que han tenido al recurso de inconstitucionalidad que el defensor del pueblo, Enrique Múgica, ha presentado en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Por Artur Mas, Josep Antoni Duran i Lleida, Joan Puigcercós, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Saura ya sabíamos que las instituciones, incluido el Tribunal Constitucional, son fachas y partidistas cuando no les dan la razón. De ahí que sepamos bien quiénes son y lo que quieren, por más esfuerzos que hagan por aparentar lo contrario cuando sus interlocutores no son de su camada. Si tan seguros están de la constitucionalidad del texto catalán, qué temen del pronunciamiento de su máximo intérprete. Mejor será disipar dudas y que funcionen los mecanismos constitucionales, que para eso están. ¿O no? Con todo, la sorpresa mayor ha sido la reacción de José Montilla, ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, y candidato socialista a la Generalitat de Cataluña. Ha acusado a Múgica nada más y nada menos que de «actuar al dictado del PP» y condicionado por un asunto familiar. Hay que reconocer que su mentor, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo ha puesto en su sitio; es decir, en la cuneta, al declarar que «quien ejerce un derecho a nadie ofende en democracia». Irreprochable, pero una bofetada a Montilla. Y añado: Múgica tenía no sólo el derecho sino también la obligación de presentar el recurso porque como defensor del pueblo es definido por la Constitución (esa que no acatan íntegramente los nacionalistas) como «alto comisionado» de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Impugnar los preceptos que pueden afectar a la igualdad de todos los españoles ante la ley (lengua, soberanía, administración de Justicia y derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo cuestiones referentes a las competencias de la Generalitat catalana) es de obligado cumplimiento si de verdad creemos en los valores de nuestra Carta Magna y en sus procedimientos para mantenerlos. El Tribunal Constitucional tiene ante sí el recurso más trascendental de nuestro actual período democrático. Su sentencia, que debería emitirse antes de que se agote la próxima legislatura, será clave de arco para el sistema constitucional o andadura hacia una España residual, como sentenció Maragall en una de sus célebres y sinceras frases.