EL FACTOR económico, siempre presente, ha cobrado actualidad. Los Presupuestos Generales del Estado son el documento oficial quizá más importante. La composición de las Cortes Generales pone a prueba la flexibilidad de su contenido para soportar las reclamaciones partidarias. La del BNG ha valido para conocer que el valor del hecho diferencial gallego asciende a 60 millones de euros. En teoría podría pensarse que si hubiera aguantado habría conseguido más. Pero también pudiera ocurrir que se quedase «compuesto y sin esa mejora», porque los votos del PNV, CiU o ERC, hubiesen devaluado los dos del BNG. En el mercado político valemos menos. El mercado tiene sus reglas en un mundo cada vez más interdependiente. También sus actores. Junto a la España oficial existe otra, no siempre paralela, que se manifiesta en movimientos de compra de acciones y de fusiones de empresas y de opas. La onda ha llegado a Galicia, con la venta del paquete mayoritario de Fadesa y la posible venta de Calvo. La galleguidad de esas empresas, como la de Fenosa, está en el origen, pero no condiciona necesariamente el futuro. Como contrapartida, Citroën no la tiene por nacimiento, sino por ubicación. Los contratos de obra pública tampoco pueden acantonarse en el ámbito de la galleguidad. La directiva europea y la jurisprudencia comunitaria no dejan margen de maniobra para ello. La adjudicación del contrato ha de hacerse a la oferta económicamente más ventajosa,. Es cuestión de legalidad, verificable ante los tribunales. Si a veces no se recurre es por cálculo empresarial. Y para que la subcontratación no sea un subterfugio de indebidas colonizaciones, la reforma legal en marcha obliga al adjudicatario a comunicar no sólo la parte de la obra que pretende subcontratarse, sino también la identidad y aptitud del subcontratista. Pertenecemos a la UE, que ha apostado por la libertad y la competencia en un mercado único. La misma que ha aportado fondos generosos para el impulso de nuestras infraestructuras. En ese panorama los empresarios son fundamentales, más que en la primera acepción del término en el Diccionario de la Real Academia, quien por concesión o contrata ejecuta una obra o explota un servicio público, como quien lleva a cabo una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Es lo que debe estimularse. Ha de reclamarse la igualdad de condiciones para competir, que implica una equivalencia en infraestructuras. El Estado no debe actuar de acuerdo con las estrictas reglas del mercado, sino hacer posible su adecuado juego. Al poder público gallego corresponde promover un ambiente que favorezca la iniciativa empresarial, hacer atractiva la inversión en Galicia, evitar rechazos y generar confianza. Se precisa claridad en los objetivos, congruencia en las decisiones y racionalidad en el destino de los caudales públicos.