LA «REALIDAD social» es una expresión a la que se está aludiendo para atemperar la aplicación de la ley a los imputados de delitos de terrorismo, como consecuencia del alto el fuego declarado por ETA. Esa apelación es entendida de maneras diferentes, sobre todo cuando se trata de su utilización por los fiscales al solicitar las penas correspondientes. Corre el riesgo de que se perciba como un comodín al servicio de los vaivenes de la coyuntura política. Desde un punto de vista técnico, se trata de un criterio de interpretación de las normas, que no es el fundamental y, en todo caso, esa realidad está subordinada al espíritu y finalidad de la norma que se trata de aplicar. No hace falta ser especialista para admitir que no puede valer para una derogación práctica de la ley. Para que sea jurídicamente operativa, esa realidad social ha de ser notoria y generalmente admitida, que no suscite serias dudas y, no digamos, fuertes controversias. ¿Qué realidad social refleja el comunicado de alto el fuego? ¿Hasta qué punto el anuncio de comenzar un proceso de paz afecta a la aplicación de la Ley de Partidos y al Código Penal? La utilización de ese criterio de interpretación requiere siempre una cierta prudencia. El comportamiento de algunos imputados, como ha ocurrido nuevamente, amenazando al juez, no favorece la convicción de que haya cambiado la realidad social del momento en que se aprobaron las leyes a aplicar en los juicios actuales. Los jueces y magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley y el ministerio fiscal actúa en todo caso con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad. Desde esta posición constitucional habría que entender, para evitar equívocos, la afirmación del fiscal general del Estado, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la justicia «no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos». Ni para lo uno, ni para lo otro. La independencia que se atribuye a los jueces y la imparcialidad con que se define la fiscalía no son congruentes con aquella misión. Ni la justicia es un instrumento político, ni quienes la instan o la aplican seguidores del poder o de una opción política. Algunos datos pueden desorientar al ciudadano no directamente acantonado partidariamente. Creo que el fiscal general del Estado estará convencido de que no debió contestar a su interpelante del PP diciendo que a algunos pueda notárseles las ganas de que haya muertos. Produce una innecesaria impresión de parcialidad. Qué sentido tiene seguir hablando de la ilegal Batasuna cuando, como tal, aparece reunida con partidos legales. Se está imponiendo de hecho una «realidad social» que va más allá de su papel de criterio de interpretación de las normas. La ingeniería jurídica hará el resto para vestir esa nueva realidad social sin derogar la Ley de Partidos, con desprestigio de las leyes y merma de la confianza de los ciudadanos.