EN 1990 el gasto público tenía en España la siguiente distribución institucional: el Gobierno central gestionaba el 68% de los recursos; las comunidades autónomas, el 19%, y las entidades locales, el 13%. En el 2005 esa distribución es la siguiente: el Gobierno central gestiona el 51%; las comunidades autónomas, el 36%; las entidades locales, el 13%. En los países federales de la OCDE, las cifras medias son las siguientes: el Gobierno central absorbe el 55% del gasto total; los gobiernos intermedios, el 27%, y los entes locales, el 18%. O sea, hemos tenido un proceso de descentralización política y administrativa muy intenso, que mejoró las comunidades autónomas a costa del Estado y de las entidades locales. Lo dicen las cifras de la experiencia comparada. Este hecho invita a realizar ciertas reflexiones que estimamos de interés. En primer lugar, conviene recordar que los sistemas políticos descentralizados también son un todo y precisan de coherencia y lógica interna. La distribución de competencias y recursos entre los distintos niveles de gobierno así lo exige. La teoría económica del federalismo fiscal estudia estas relaciones intergubernamentales de ingresos y gastos públicos. Actuar al margen de cualquier modelo referencial, así como de la experiencia comparada, sería un error lamentable. En segundo lugar está la marginación eterna de las entidades locales, circunstancia que debe provocar reflexión e, inevitablemente, indignación. En los políticos locales primero, por su acomodo pasivo e interesado a ese mundo anacrónico y estéril que ofrece el minifundismo municipal. En otros gobiernos y cámaras legislativas después, porque no se puede propiciar y mantener la debilidad municipal para obtener otra centralidad, un mayor poder político o posibles réditos electorales, ignorando todos la lúcida afirmación de Alexis Tocqueville: un país sin municipios fuertes carece de espíritu de libertad. Finalmente, estaría la conveniencia de realizar un seguimiento riguroso y permanente del proceso descentralizador, ya que el nivel central de gobierno tiene la obligación básica de velar por la cohesión social y la solidaridad. Los riesgos de que este debilitamiento se produzca son aquí diversos (negociación bilateral, convenios, ausencia de cámara territorial, falta de transparencia, etcétera), por lo que se debería prestar al citado proceso la máxima atención. En todo caso, confiemos en que las reformas en la financiación autonómica, asociados a las reformas estatutarias, se armonicen pronto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí están el Estado y las comunidades autónomas, los principios de igualdad y de solidaridad, la estabilidad política y el progreso del país. Faltan los municipios. Y está prohibido mirarse el ombligo.