UNA DE las características de la delincuencia del siglo XXI es su organización en grandes carteles que se dedican a actividades criminales muy lucrativas gracias al uso a gran escala de las nuevas tecnologías del transporte y de la comunicación. La cantidad de dinero negro que tales organizaciones manejan entre paraísos fiscales, bancos legales y diversos centros que configuran la economía sumergida se ha calculado en cuatro billones de dólares, es decir, aproximadamente el producto nacional de Japón. Pues bien, ingentes cantidades de ese dinero sucio, que circula en las bodegas malolientes de la globalización, se blanquea en España. Es tan intenso el tráfico de esos capitales en nuestro país que hasta los notarios, ¡por fin!, han detectado en lo que va de año cerca de tres mil operaciones sospechosas y en más de cien casos han encontrado claros indicios delictivos. Pero si un hecho resulta revelador de la magnitud que está adquiriendo la economía criminal en España es que 1.800 millones de euros bloqueados por orden del juez, procedentes del blanqueo de capitales y la evasión fiscal, no encuentren dueño. El problema reside en el hecho de que quienes manejan tales sumas de dinero no carecen de proyecto político. Al contrario, necesitan la complicidad del poder -o de los poderes- para extender su devastadora metástasis. Por eso los casos de corrupción se multiplican por doquier; por eso muchos advertimos en su día que Marbella no era un caso excepcional o aislado, aunque fuera, debido a sus pintorescos protagonistas, el más espectacular; y ésa es la razón por la que en Madrid, para vergüenza de nuestra democracia, hubo que repetir unas elecciones debido a la felonía de dos diputados convenientemente incentivados por las tramas inmobiliarias. Por esos oscuros vericuetos del sistema financiero circula también el dinero de otra de las actividades criminales más temibles en nuestros días: la terrorista. Sin embargo, sorprende que los gobiernos que afirman tener como prioridad política la lucha contra el terrorismo no hayan decidido perseguirlo en lugares como el sistema financiero, en los circuitos oscuros del dinero que los integristas aprovechan para poner en circulación sumas astronómicas que les permiten corromper a intermediarios, comprar armas, reclutar asesinos y financiar actividades propicias al desarrollo del fanatismo. Pero establecer la transparencia en el sistema financiero implica sacar a la luz las alcantarillas putrefactas de la globalización. Por eso los gobiernos prefieren mirar para otro lado mientras el dinero del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico de armas y de otras actividades criminales circula sin control, corrompiendo la economía sana y la democracia. Es el precio del progreso, dicen.