EL PROCESO emprendido para encontrar solución al asunto ETA se asemeja a una carrera de fórmula uno, pero sin circuito convenientemente acotado. Un obstáculo aparece y se adelanta acelerando. El problema de esta conducción es que cada vez el adelanto ofrece más riesgos. Y no menos los ofrecen los frenazos bruscos. No es cuestión de resumir el zigzagueante itinerario seguido. Ahora mismo parece desprenderse de reiteradas declaraciones que se vuelve a no dar paso al diálogo con ETA, mientras que no quede acreditada su voluntad de abandonar las armas. Lo que puede significar que se había caminado antes en otra dirección. La iniciativa, en la que el presidente del Gobierno se ha empeñado de un modo directo, encuentra el obstáculo del Partido Popular. Si no se ha rescindido el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, si se mantiene la Ley de Partidos, nacida con la intención de procurar la ilegalización de Batasuna, en lo que socialistas y populares estuvieron de acuerdo, resulta entendible que no se dé la deseable colaboración del PP, en un asunto cuyo final feliz todos deberíamos compartir. Desde ambos lados da la impresión de que el asunto contiene una considerable dosis de rédito para las futuras elecciones generales. En ese contexto falta comunicación, cuyo vacío se colma con la confrontación dialéctica, dentro o fuera del Parlamento, que hará el furor de los partidarios, pero ahonda el foso entre unos y otros. Habría que prescindir del botín electoral partidista para situar el asunto en su auténtica naturaleza de cuestión de Estado. Las víctimas del terrorismo que, por unas u otras razones, se las presenta alineadas políticamente, son otro obstáculo con que ha tropezado el modo en que se ha conducido el proceso. Y no es menor el de la sensibilidad social ante el comportamiento de imputados etarras en los procesos judiciales en curso o la perplejidad ante el recrudecimiento de las kale borroka y otras manifestaciones intimidatorias. La apuesta por una solución exitosa tropieza en una de sus vueltas con la actuación de la Justicia. Los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Cuando actúan, y no con precipitación, en relación con las herrikotabernas, la están aplicando y lo mismo sucede con las decisiones relativas a Batasuna. Si la Ley de Partidos o el Código Penal constituyen un obstáculo para la conducción del proceso, lo adecuado sería eliminarlo, instando su modificación. Si no se hace quizá se deba al previsible coste electoral que pudiera acarrear. Y volvemos a la visión partidaria. El Gobierno puede llevar a cabo el acercamiento de presos dentro de una política penitenciaria en la que tiene autonomía. Los fiscales se guían por la ley y los jueces la aplican con independencia, que ha de preservarse. Los partidos políticos pueden volver a una colaboración leal. Las instituciones no deberían sufrir en su prestigio por el torbellino de tantas vueltas y revueltas del proceso.