PARA QUE los estatutos de Cataluña y Andalucía pudiesen referirse al hecho nacional fue necesario convenir en que la nación ya no es lo que era, que tal palabra ya no significa lo que significaba, y que, relegada astutamente al preámbulo, no tiene valor jurídico alguno. Y por eso se puede concluir que, para que tan glorioso avance se produjese, también fue necesaria la coincidencia temporal de dos protagonistas: una clase política de bajísima calidad, a la que le da lo mismo decir ocho que ochenta; y un pueblo al que no le importa nada que le tomen el pelo, y que acepta jueguecitos infantiles con las cosas de comer. Lo mismo sucede hoy en Galicia, donde un debate que en mis tiempos haría ruborizar a los niños trae de cabeza a los próceres del país, como si la simple posibilidad de que triunfen fórmulas tan peregrinas como la «nazón de Breogán», no fuese un síntoma suficiente de la hambruna identitaria a la que estamos llegando. Ya sé, porque pasé por ello, que los debates tienen contexto, y que hay numerosas ocasiones en las que una cuestión semántica puede disimular un avance sustantivo. Pero estoy seguro de que no es este el caso que nos ocupa, y de que la talla acelerada de un concepto de nación con significados tan poliédricos sólo sirve para poner de manifiesto la banalización de la política y la ciega asunción por parte de nuestros gobernantes del infalible proverbio de Lampedusa: «Tutto debe cambiare per a che tutto rimanga iguale». Así las cosas, para hacer frente a este impasse, propongo una salida muy gallega y popular, cuya esencia consiste en hacer el negocio en dos fases: la incompleta o falsa en documento público, y la completa y verdadera en documento privado. Primero hacemos un Estatuto constitucional, que no pase de la nacionalidad histórica, y lo aprobamos por unanimidad. Y después hacemos un documento privado, que no quede sometido a revisión fuera de las partes, en el que puedan estampar su firma todos los gallegos que estén dispuestos a sostener que Galicia es una nación y que van a actuar en consecuencia. Porque si fuésemos capaces de hacer tal cosa, y obtener la firma de la mayoría, ya seríamos nación -¡hale hop!-, tendríamos la fuerza política que no puede darnos un Estatuto alambicado, y no sentiríamos la necesidad de recurrir a circunloquios que castigan nuestro honor de pueblo en su línea de flotación. ¿Y qué pasa si la gente no quiere firmar? Pues miel sobre hojuelas. Porque ese mismo hecho nos daría la fórmula perfecta para el nuevo Estatuto: «Galiza ou Galicia, según se mire, é unha nazón -ou nación- de féridos e duros, que non nos entenden, non». A mí, si quieren que les diga, es la que más me mola.