EN LA visita oficial a España del veterano dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, algunos simpatizantes, o simplemente extras a sueldo puestos a modo de atrezo, exhibieron su alegría hacia el personaje en el aeropuerto de Barajas y en otros lugares por los que pasó o recaló durante su estancia en Madrid. Como dejó dicho el torero, «hay gente pa tó», y las manifestaciones en público de libertad de expresión están amparadas por nuestra Constitución. Sin embargo, resulta preocupante que la policía española, a petición del equipo de seguridad del dictador, identificara a cuatro miembros del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, que se manifestaron contra Obiang al grito de «asesino». Cabe esperar que los datos personales que copiaron los policías no hayan acabado en manos de los guardaespaldas del presidente, porque entonces corre peligro en Guinea la integridad física de los familiares de esos opositores. Y si fuera así, alguien deberá pedir responsabilidades a nuestras autoridades, porque vale que el viaje de negocios de Obiang y sus ministros haya sido provechoso para las dos partes contratantes, haciendo bueno el dicho de Mao de que no importa que el gato sea blanco o negro porque lo importante es que cace ratones, pero no es admisible que en España corran peligro quienes se manifiestan pacíficamente contra cualquier personaje que nos visite. En este mundo global en el que prima la economía por encima de valores y principios, las compañías españolas no pueden quedarse al margen de oportunidades de negocio y dejar a sus competidoras el campo libre, pero todo tiene límite. Está bien que el Gobierno, el Ministerio de Exteriores, la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio trabajen coordinadamente para que Repsol YPF, Isolux, Acciona, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Unión Fenosa, Ibadesa y EADS, además de numerosos empresarios pequeños y medianos, obtengan el visto bueno a sus proyectos de inversión en Guinea y tengan seguridad jurídica para competir con sus contrarios de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, China, Corea del Sur y Estados Unidos, pero el primero tiene que garantizar que toda esa acción de nuestra política exterior no se hace conculcando los derechos de quienes están amparados por las leyes.