ESTA misma semana, el presidente del Gobierno anunciaba que el presente ejercicio presupuestario se cerrará con un superávit en las cuentas públicas cercano a los 15.000 millones de euros (2,5 billones de las antiguas pesetas). El anuncio no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que en el año 2003, con motivo del debate del estado de la Nación, Zapatero adquirió un solemne compromiso -renovado en múltiples ocasiones- según el cual con su Gobierno no existiría superávit mientras persistiera el histórico atraso social de España. Pues bien, parece que es el momento oportuno para recordarle al presidente del Gobierno que en gasto social -se mida éste como se mida, como porcentaje del PIB o como gasto per cápita-, España no sólo sigue estando a la cola de Europa, sino que gasta mucho menos de lo que le correspondería por su nivel de riqueza. Nuestro país dedica sólo el 20% del PIB a protección social (todo el gasto público social en transferencias y en servicios públicos, excepto educación), casi ocho puntos por debajo de la media de la UE (15). Si nos atenemos al gasto social per cápita en euros estandarizados, España gasta 3.850 euros por persona frente a los 6.400 del promedio europeo. Dicho en otras palabras, un español tiene muchos menos recursos en pensiones, sanidad y servicios sociales que los que tienen otros ciudadanos europeos de igual nivel de renta. En tales circunstancias, Zapatero no podrá reprocharles a los ciudadanos que, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes cívicos, le exijan el estricto cumplimiento de sus promesas electorales. Porque lo que no resulta de recibo es que el presidente del Gobierno, olvidando sus más relevantes compromisos, presuma de un importante superávit en las cuentas públicas mientras aumenta nuestro diferencial social con Europa. Considerando que Galicia ocupa los últimos lugares de España en protección social (pensiones, sanidad y los diversos servicios de ayuda a la familia) es difícil explicar el silencio de los líderes políticos gallegos ante esta situación. Porque es evidente que tanto el Gobierno gallego como la oposición están obligados a exponer sus propuestas sobre el empleo que debe darse al superávit del Estado y a decirnos qué piensan hacer para que éste pueda utilizarse para aliviar nuestra frágil situación social. Pero, con toda sinceridad, debo decirles que tengo pocas esperanzas de que tal cosa ocurra. Porque, en estas concretas materias, Touriño y Quintana parecen haberse instalado en el cómodo papel de oposición de la oposición, y, de forma incomprensible, Núñez Feijoo se dedica exclusivamente a la denuncia sistemática de la precaria situación actual, es decir, a la crítica de la herencia dejada por el Gobierno del que formó parte como vicepresidente. Entretanto, nadie sabe por estos pagos a qué se van a dedicar los 15.000 millones de marras. Una lástima.