LA DEMOCRACIA y el Estado de derecho son mucho más que el estricto cumplimiento de la ley. Son también principios políticos no escritos y reglas de conducta. No hay ninguna norma que prohíba a los componentes de las Cortes poner baratillos en los pasillos de las Cámaras, pero nadie se imagina a sus señorías convirtiendo en un zoco los palacios del Congreso y el Senado. Seguro que los miembros del Gobierno podrían legalmente, si quisieran, cerrar al tráfico las calles de Madrid cuando circulan por ellas los coches oficiales del presidente y los ministros, pero nadie en su sano juicio actuaría de una manera tan desconsiderada. ¿Tienen los jueces prohibido por la ley el ejercicio de la canción ligera en fiestas y verbenas? Estoy casi seguro de que no, aunque la imagen de un togado arrancándose los fines de semana con tangos y rancheras sería poco edificante para la importantísima labor que el poder judicial tiene asignada. El fiscal general del Estado ni ha cerrado calles, ni ha cantado rancheras, ni ha puesto un baratillo. Es verdad. Pero sí ha actuado con una ligereza impropia de quien ostenta la alta responsabilidad que le corresponde legalmente al prestarse a recibir, como ha hecho recientemente, a los presidentes autonómicos de Extremadura y las Islas Baleares. ¿Con qué finalidad? Se desconoce, pero no es posible imaginar ninguna que entre dentro del ámbito de competencias que el fiscal general tiene atribuidas por la Constitución y su Estatuto. Lejos de ello, la impresión que producen en la sociedad esas inoportunas entrevistas, que ponen en entredicho la pulcritud democrática de quienes las solicitan y de quien acepta concederlas, es la de que el fiscal se aviene a dar un trato especial a determinados españoles por la única razón de ocupar un cargo público. ¿O es que un simple ciudadano cuyo buen nombre ha sido públicamente puesto en entredicho, u otro temeroso de las posibles implicaciones de una trama de corrupción que podría afectarle a él o a su partido, deben contar en el futuro con que serán recibidos por el señor Conde-Pumpido, como lo han sido ahora, en esos supuestos, Rodríguez Ibarra y Jaume Matas? Ser fiscal general del Estado resulta, seguro, muy difícil. Así lo confirma, desde luego, el malhadado pasado de una institución que ha sido ocupada en varias ocasiones por personas que no han sabido estar a la altura del puesto que se les había confiado. Pero ser fiscal general no es obligatorio. Y porque no lo es, quien acepta el cargo, debe aceptar igualmente que en su ejercicio no sólo hay que ser honesto, sino que hay también que parecerlo.