EL PACTO que dio lugar a la Constitución de 1978 fue ejemplar. No tiene parangón en la historia de España. La conmemoración de este año ha sido oficialmente rutinaria. El clima dista mucho del que rodeó a su nacimiento. Sigue alabándose su papel de norma para la convivencia democrática, pero nubarrones oscurecen esas protocolarias manifestaciones. De alguna manera se está destilando desconfianza en el momento constituyente que la alumbró. Se aceptó entonces la monarquía, cuando no era ni es una solución mayoritaria en el mundo a que pertenecemos. Se aceptó la no confesionalidad del Estado incorporando, no obstante, una referencia expresa a la Iglesia católica. Se organizó el Estado como autonómico. Se reconocieron derechos fundamentales de la persona como elemento central de la Constitución. Todo eso sigue siendo válido y requiere una lealtad constitucional. Da la impresión, sin embargo, de que por conductos varios quiere revisarse el pacto. Hay actores, hoy influyentes en el escenario público -entonces no lo eran-, que no aprobaron la Constitución, como sucede con ERC y BNG. El PNV tampoco lo hizo, pero rechazó la autodeterminación que ahora reclama. Pero otros como CiU plegaron sus reivindicaciones legítimas a la nueva estructura del Estado y el Partido Comunista y el PSOE, de tradición republicana y laicista, hicieron lo mismo sobre la forma política del Estado y su no confesionalidad. Éste fue el humus del consenso en que se plantó la Constitución, que ahora empieza a deteriorarse con paletadas de tierra al desenterrar lo que había quedado atrás como parte de nuestra historia común. En su día, el Gobierno propuso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. El amplio dictamen del Consejo de Estado evidencia que esa concreción resultó relativa. Podría afectar a un buen número de preceptos. El PP ha adelantado unos posibles ajustes de la Constitución. Sería absurdo negar que es posible su reforma cuando ella misma lo reconoce. Desde un punto de vista técnico, es ciertamente mejorable. Pero ni es un texto para uso de académicos, ni con esa finalidad se elaboró. Con veste jurídica, tiene una patente alma política. Cuando se aprobó, no era -ni debe ser ahora- la Constitución de nadie en particular, sino la de todos. Una reforma constitucional auténtica, sin quiebra del pacto constituyente, requiere mantener la voluntad con que se acordó la Constitución. No parece que exista un clima de consenso. Las propuestas de reforma pierden sentido, pendientes de las elecciones generales. Entre tanto, sería conveniente para la salud de la Constitución difundir en las nuevas generaciones el valor positivo del pacto constituyente, sin reclamar devoluciones de lo que generosamente se puso entonces a disposición de todos. La Constitución, que nació desde la unión, se está leyendo para la división.