TODOS hemos oído que la buena marcha de la economía española estaba relacionada con las inversiones en grandes infraestructuras públicas y en la construcción. De hecho las mayores fortunas se fueron gestando en torno a los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras, y a los políticos implicados o beneficiados por comisiones o participación directa en la recalificación de suelo en los espacios más demandados, es decir, el frente litoral y las periferias urbanas. Claro que, al mismo tiempo, todos los organismos internacionales (Comisión Europea, Unesco, Naciones Unidas) redactaban informes negativos y preocupantes sobre el urbanismo, la corrupción y el desarrollo insostenible del país. Claro es también que los informes económicos advertían de la baja productividad, del modesto aporte tecnológico e innovador de nuestras empresas y del creciente desequilibrio de la balanza de pagos. Pero nada parecía importar mientras las alforjas internas siguieran llenándose, al fin y al cabo la aspiración de acceso a la vivienda en propiedad favorecida por el bajo coste del dinero, la creciente demanda de viviendas en la costa por un turismo residencial expansivo y las escasas alternativas a la inversión del ahorro de las familias eran factores que aseguraban la continuidad del negocio. Ahora, cuando el incremento de los intereses, cuando el temor a la amenazante burbuja inmobiliaria, cuando una creciente inflación asoma y cuando la destrucción del territorio ha generado alarma social, el sector empieza a dar muestras de recesión. Tal vez por eso era el momento de buscar una alternativa a los grandes resultados monetarios, y parece que esa alternativa es el sector energético, que por eso ha protagonizado un baile bursátil espectacular, inmerso ya en un proceso especulativo excepcional. Ahora se nos anuncia una nueva subida de las tarifas eléctricas para el próximo año, mientras las grandes eléctricas empiezan a superar en beneficios a las constructoras, pero debe ser necesario ganar más para cumplir las expectativas de las inversiones bursátiles. Tal vez por eso el gobierno socialista autorice la subida de tarifas, aunque ello suponga que la sociedad, los ciudadanos de a pie, paguemos más, de modo que a la subida de la hipoteca se sume el aumento del recibo de la luz, porque si nosotros pagamos más, ellos también ganarán más. Pero lo más curioso es que tanto las principales constructoras como las eléctricas son propiedad de los grandes bancos que, naturalmente, son los que acumulan los mayores beneficios, concentran el poder económico y, por lo que parece, controlan el poder político, por muy socialista que sea. La verdad es que estamos apañados. ¡Menos mal que nos queda el fútbol! Claro que tampoco los clubes y sus presidentes-constructores están distantes de esa maraña. Y después se extrañan de que la gente se refugie en el periodismo rosa o basura. ¡Vaya país!