EL ATENTADO de ETA en la emblemática terminal de Barajas es un hecho que marca una divisoria histórica. El discurso de que llevábamos más de tres años sin muertos ha quedado, por desgracia, vacío de valor dialéctico. El dato es tan claro que ha obligado a reconocer que el proceso está roto, liquidado, que es insalvable. Resulta obvio que ha sido ETA quien lo ha hecho inviable, al volar las bases en que se sustentaba. La iniciativa ha concluido en un fracaso. No es la primera vez que esto sucede. En el que acaba de explosionarse existen rasgos diferentes. Quizá el más acentuado sea la transmisión a la ciudadanía de que, aunque el trayecto fuese largo y difícil, era posible culminarlo con éxito. La última vez, un día antes del bombazo en la T4, que ha alcanzado de un modo directo al presidente del Gobierno por una gestión marcadamente personalista, que exigía un acto continuado de fe en sus declaraciones. Que manifieste su determinación para ver el final de la violencia es lo que corresponde a su alta representación. De momento, nada más. La confianza pedida a los ciudadanos ha quedado dañada. Y en esa confianza de la sociedad es donde se jugaba el éxito o el fracaso de la iniciativa del proceso, que se había colocado con toda claridad como elemento clave de las próximas elecciones generales para continuar gobernando. Objetivo que ha influido, a su vez, en la actitud del PP, que aspira a ser el recambio. Y ahora, qué. Quizá sea duro reconocer el fracaso cuando se ha puesto tanto empeño en la empresa. Pero la sinceridad es una vía más eficaz para frenar la desconfianza que los esfuerzos para componer la figura, oscureciendo la realidad o reinterpretándola. Incitaciones para ello no faltarán, incluso de la propia Batasuna, a la que apremia el plazo de las elecciones municipales. La relectura de comunicados y declaraciones, algunas de ellas solemnes, inclina a que la segunda opción no sea la más acertada. Habrá que recomenzar. Seguir utilizando los medios de que dispone el Estado. La «realidad social», a la que se ha aludido con frecuencia para aplicarlos con flexibilidad, ha perdido el ambiguo papel que se le quiso asignar. El carácter permanente de un alto el fuego ya no es suficiente. No existe la menor fiabilidad. Esa nueva realidad habrá de orientar la necesaria unidad de los demócratas. No será fácil, porque existen visiones e intereses contrapuestos. Para unos, el proceso sigue siendo posible, lo que el PP niega a la vista de lo sucedido. En todo caso, para intentarlo habría que prescindir de discordias secundarias y de descalificaciones personales. Es momento para hombres de Estado. La busca de una balsámica paz no debe justificarse en el miedo que el atentado ha vuelto a inocular en la sociedad. El Estado tiene entre sus obligaciones asegurar la vida de los ciudadanos y lograrlo sin reducir su dignidad a la de un hábil mercader. El pueblo tiene derecho también a la claridad. A él corresponderá dar en su día el veredicto.