LA CUESTA del Estatuto está resultando ardua. Más de un año intentando llevar a la cumbre el fardo estatutario. Galicia va retardada en la carrera impulsada por la Presidencia del Gobierno. No tendría mayor importancia si no se hubiera planteado la reforma como una prioridad de gobierno. Hablar de retraso tiene sentido si se compara con lo que aconteció con el actual Estatuto. Fue aprobado, venciendo no pocas dificultades, después del vasco y el catalán, en correspondencia con la disposición transitoria segunda de la Constitución que agrupa a las tres comunidades autónomas. Este dato negativo ha de apuntarse a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. El quórum que se requiere para aprobar la reforma y la propia composición de la Xunta hace precisa la participación de todas ellas. En 1981, en pocas semanas se llegó a un acuerdo, que fue suscrito por más partidos de los que tenían representación parlamentaria, del que se autoexcluyeron los nacionalistas. El comportamiento de la UCD gallega, ampliamente mayoritaria, no respondió a calculados intereses partidistas. No será mucho pedir -¿o acaso sí?- que aquel espíritu volviera a reproducirse ahora. A medida que transcurre el tiempo, el entusiasmo, si existió, tenderá a disminuir. Es el peor ambiente para una norma que se califica de fundamental para la identidad de lo que nos caracteriza como pueblo, que ha de respaldarla en un referéndum. Un fatal procedimiento para estimular la autoestima colectiva. Ha transcurrido mucho tiempo. Es hora para la decisión y también para la claridad. El Estatuto, se ha dicho, «o es de todos o no será». Si va adelante no será de ninguno en particular y, por tanto, nadie debe atribuirse en exclusiva el posible mérito. Para que sea, es preciso superar diferencias. ¿Hasta qué punto se considerarán innegociables determinadas cuestiones que, al erigirse como de principio, harían preferir el mantenimiento del Estatuto antes que los proclamados beneficios de su reforma? En el preámbulo reside uno de esos problemas, por influencia del Estatuto catalán. Si el PP lo ha impugnado ante el Constitucional, no parece realista que, antes de conocer la sentencia, se le pida que respalde en Galicia una fórmula mimética. Socialistas y populares no lo han hecho en Andalucía. Sin entrar en malabarismos dialécticos, un dato objetivo, que justifica la comparación del nivel político de la reforma gallega con la catalana, es el trato diferencial que reconoce la Constitución que, a su vez, es trasunto de la realidad histórica del Estatuto del 36. De otra parte, si no debe esperarse a la sentencia del Tribunal Constitucional, no parece razonable ignorar su doctrina cuando ya haya sido emitida, aunque no se comparta. El asunto no es fácil. En él influye el pacto fundante del actual Gobierno bipartito. Habrán de combinarse convicciones y realismo. ¿Por qué retrasar las ventajas en que todos están de acuerdo?