LOS ESTADOS se han caracterizado, desde el momento de su aparición, por la asunción de un conjunto intangible de competencias indisolublemente ligadas a la idea de soberanía. La soberanía, la cualidad por excelencia de lo stato -como formuló bien Bodino en su obra Los seis libros de la República-, presupone que ciertas materias son sólo imputables a esta forma de organización política. Hablamos, fundamentalmente, de la acuñación de la moneda, la dirección de los ejércitos y las relaciones internacionales. Una labor donde, desde siempre, gustaron superarse los más destacados gobernantes. Y de esta forma fue entendido por nuestra Constitución, al disponerse que «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 3.ª) Relaciones internacionales» (artículo 149. 1). Pero con el transcurso del tiempo se fueron ejerciendo facultades autonómicas sobre dicha competencia; primero, por parte de Cataluña y el País Vasco y después, por parte de todas las demás. Por llegar, el asunto alcanzó al Tribunal Constitucional, que se vio impelido a elaborar una formulación doctrinal con que hacer frente a las distorsiones políticas provocadas. Y así, el Tribunal esgrimió una división en dos ámbitos de materias: de una parte, existiría el núcleo duro de las relaciones internacionales, predicable del ius cogens, esto es, de la potestad para asumir compromisos obligatorios con otros países. Un campo, este sí, vedado a la acción de las comunidades autónomas. Pero, de otra, habría una realidad menos excluyente, donde las autonomías estarían habilitadas para desplegar algunas competencias. Distinguiríamos, por tanto, entre relaciones internacionales y relaciones de relevancia internacional, de suerte que no toda actividad de proyección exterior recaería dentro de las relaciones internacionales, sino sólo aquéllas protagonizadas por sujetos internacionales (Estados y organizaciones supragubernamentales) y sometidas al derecho internacional. Pero los días pasados hemos conocido una pretensión que va más allá de lo descrito, una vez que por parte de Carod-Rovira se pedía, ni más ni menos que del mismísimo ministro de Asuntos Exteriores, el plácet para que Cataluña estableciera relaciones internacionales, de tú a tú, es decir, en estricta relación de paridad, con otros Estados. ¡Ya tendríamos, pues, un nuevo embajador en la península Ibérica! De haberlo logrado, el nuevo diplomático, tras haber cumplido la preceptiva presentación de credenciales en el palacio de Santa Cruz en Madrid, se encontraría ya investido -debía pensar el insigne arbitrista- de competencia suficiente para acercarse al Foreign Office en Londres, al Quai d¿Orsay en París o al Ministero degli Affari Esteri en Roma. Entre tanto, se encuentra ya en la India presentando el Diccionario sánscrito-catalán. Lo que no sabemos aún es si, como exigía ingeniosamente el escritor Juan Valera de todo buen diplomático, el advenedizo embajador «baila bien la polca y gusta de comer pastel de foie-gras».