CON claridad, Arnaldo Otegi, en nombre de la izquierda aberzale, ha vuelto a poner encima de la mesa la carta de Navarra como elemento fundamental de sus reivindicaciones. Se trataría de reunirla junto al actual País Vasco en una autonomía, como una primera estación hacia la independencia. La disposición adicional cuarta de la Constitución puede ser el marco en que se juegue la baza anunciada. Se prevé en ella que, a efectos de la incorporación de Navarra al Consejo General Vasco o el régimen autonómico que lo sustituya, la iniciativa corresponderá al Parlamento, que habrá de aprobarla por mayoría absoluta y ratificarse en referéndum por mayoría de los votos válidos emitidos. Es una muestra más de las que existen en el texto constitucional para dar satisfacción a los nacionalistas vascos en el esfuerzo de que lo aprobaran. Doy fe de que ese fue también el objetivo del artículo 150.2 que permite transferir facultades correspondientes a materias de titularidad estatal y que ha sido utilizado por socialistas y populares para transferir competencias. La posibilidad que ofrece la citada disposición adicional de la Constitución no fue utilizada en los casi veinticinco años -se cumplirán en agosto- de la promulgación de la reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que manifiesta las raíces históricas que sustentan a la Comunidad Foral. Dado el tiempo transcurrido y su carácter transitorio, el dictamen del Consejo de Estado elaborado sobre la posible reforma de la Constitución proponía su derogación. La realidad es que la disposición subsiste y el juego democrático y las variables coyunturales de la política permiten no considerar como descabellada una posibilidad que parecía inviable. De ahí la importancia de las próximas elecciones y el interés de Batasuna por participar en ellas. La composición del parlamento navarro que salga de ellas es fundamental. Desde la perspectiva de las etapas democráticas anteriores, no obstante los Gobiernos de coalición de socialistas y PNV en el País Vasco, no era presumible, como así ha sucedido, formar una mayoría para activar la citada disposición. Entonces socialistas y centristas de UCD caminaban de acuerdo en esta materia. Desde la actual, la percepción no es tan nítida. El pacto constituyente fue generoso para dar acogida a todas las opciones, aunque al final una discrepancia acerca de que los derechos históricos se reconociesen en el marco de la Constitución, inicialmente aceptado, motivase que el PNV no la votase. No obstante, su portavoz en el Congreso, Arzalluz, diría que «nunca nos moveremos ni por la frustración, ni por la pataleta», y en el último caso utilizarían los cauces de la Constitución para su eventual reforma. La revisión larvada del pacto constituyente reabre una cuestión delicada bajo la penumbra de la incertidumbre. La posición de la UPN -una fórmula inteligente del PP- es clara. ¿Cuál será la de los socialistas navarros? En ellos puede residir la clave.