| O |
11 abr 2007 . Actualizado a las 07:00 h.EN el Parlamento gallego, como en todas las Cámaras de sistemas electorales con listas cerradas, los del partido del presidente siempre le hacen la pregunta pelota. Touriño se explayó ayer en O Hórreo, interpelado por el portavoz parlamentario de su partido, sobre la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones que prevé acometer la Xunta. Desde que el Estado cedió este impuesto a las autonomías, España es un país en el que morirse tiene precios diferentes, según la comunidad del finado. El impuesto no existe desde el 2003 en esas islas fiscales que son Navarra y el País Vasco, pero Cantabria prácticamente lo liquidó y, en tropel, le han seguido entre el 2006 y el presente año las autonomías gobernadas por el PP. La legislación impide a las comunidades eliminar el impuesto, pero su impacto en las sucesiones a hijos de los cántabros es menor que el canto de una moneda de un euro, porque su gobierno le metió un recorte del 99%. La reforma prevista por la Xunta bipartita se inspira en la del tripartito catalán. Se reduce a la mitad el impacto del impuesto, pero se mantiene una tasa que atenta contra el principio de que las familias, además de otras cosas, son una comunidad de bienes. Lo evidente es que eliminación o reducción de la tasas en el patrimonio que los padres testan a sus descendientes directos y por el que ya cotizaron a lo largo de su vida se ha convertido en una moneda con la que mercadean los partidos y los gobiernos en campaña electoral. Touriño sostuvo ayer en el Parlamento que eliminar el impuesto como en el modelo cántabro sería una desigualdad. Bien, es una teoría. Hay otra: vivir en un país en el que la existencia o no del impuesto de sucesiones depende de la comunidad de residencia es una estupidez. El debate está perdido. Ese impuesto caerá.