ESPAÑA, como la práctica totalidad de los países occidentales, considera pernicioso el consumo de drogas y por eso reprime las conductas que lo posibilitan, si bien distinguiendo, a efectos de la concreción de las penas, entre drogas duras , que causan grave daño a la salud (heroína, cocaína, LSD...) y drogas más tolerables (hachís). Y, como el resto de los países europeos, basa su estrategia entre otros aspectos, en intervenir, más que con la represión, con la reducción de la demanda y la prevención de su uso, mediante la educación, ayuda y resociabilización de los drogodependientes. Política en la que destaca nuestro país al ser uno de los que más recursos destinan a las drogas. Algo falla, sin embargo, cuando los deseos no se casan con la realidad y ésta, terca -ya se nos decía en el informe de las Naciones Unidas del 2005 y ahora se repite en el informe del 2007- es alarmante al situar a España en el primer lugar mundial en el consumo de cocaína. Ni más ni menos. Pues bien, si el dato lo vestimos -es decir que miles de personas viven enganchadas a la coca- se nos revela que estamos en presencia de un problema grave, individual y colectivo, con el que convivimos de forma absurda y que exige una reflexión del conjunto de la sociedad y, sobre todo, de los diversos responsables de las administraciones públicas -estatal y autonómicas- que parta de un hecho incontestable: las políticas llevadas a cabo han resultado parcialmente ineficaces. En mi opinión, lo primero que debería hacerse es indagar en las razones de ese consumo desmesurado y desde luego hay varias que saltan a la vista; en primer término, hay que acabar con la descarada e insultante buena fama de la coca. Sus efectos triunfadores (droga de ejecutivos, aparición de estímulos y desinhibición) se muestran de forma inmediata. Además, aparentemente no produce mono, lo que hace creer a sus usuarios que pueden controlar su uso. En segundo término, salta a la vista la facilidad de su obtención. Cualquier joven que desea comprar coca lo logra con rapidez e incluso a precios asequibles para economías precarias. Y, de ser ciertas las anteriores causas del consumo, sin perjuicio de otras muchas, no parece que se trate de fortalezas inexpugnables. La prevención, sobre la base de la educación, debe reescribirse. Hay que explicar a los jóvenes -antes de iniciarse- qué es de lo que estamos tratando y derogar la buena fama de lo que en realidad es un túnel de difícil salida. Al tiempo, parece plausible que las políticas criminales deben complicar el acceso a las drogas, es decir, que los presuntos consumidores no se encuentren a la vuelta de la esquina con los vendedores. Las sociedades modernas no solo intentan curar, sino que imponen actitudes y conductas para mejorar preventivamente la salud pública (prohibición de tabaco, alcohol a menores, cascos obligatorios, cinturones de seguridad). En esa función tan loable, que en nuestro país se lleva a cabo con decisión, no pueden quedar atrás aquellos -muchos- que desgraciadamente se pasan con la raya. Aquellos que artificialmente quieren buscar fuera lo que no encuentran en su ser natural. Nuestro país no debe aceptar el estar a la cabeza de una clasificación tan ignominiosa como la publicada por las Naciones Unidas.