Comienza un nuevo curso escolar con los deberes estivales del Gobierno sin hacer. Hay desorganización, improvisación y falta de información. Diferentes estamentos responsables de la puesta en marcha del inicio del año académico están descoordinados. Faltan instrucciones y directrices claras en aspectos tan importantes como la escolarización de los estudiantes, la adscripción de profesores a sus destinos, los horarios de docencia, la disponibilidad de personal para atender a los alumnos con problemas de minusvalías, etcétera. Además, el desarrollo de la LOE va con retraso y aún no se ha publicado legislación fundamental para la organización de los cursos que entran en vigor. La normativa vigente sobre escolarización de los alumnos se ha modificado completamente, pero no ha sido para mejor. El malestar de los padres es cada vez mayor, y muchos han recurrido ya a la vía judicial. Solamente un ejemplo: un alumno solicita plaza, en el mes de abril, en un centro docente cercano a su domicilio; al no haber vacantes, es escolarizado en otro, más lejano. En el mes de septiembre queda libre una plaza en el primer centro pero dicho alumno ya no puede optar a ella y, sin embargo, otro que se matricule ahora por primera vez tiene posibilidades de acceder a ese centro aunque pudiese estar mejor escolarizado en el primero. ¿Es esto racional? Después de la problemática planteada por la supresión de la jornada escolar reducida en los meses de junio y septiembre, muchos de los horarios de cinco horas que se van a implantar en diversos centros son verdaderas aberraciones desde un punto de vista pedagógico, e incluso organizativo. La única razón parece estar en los problemas que plantea la coordinación del transporte escolar. Por todas estas y otras insensateces, en general, apenas se protesta. ¿Por qué? Porque mientras los diferentes colectivos sigan manteniendo sus prerrogativas, mientras los derechos y comodidades aumenten y no se exijan con seriedad los deberes, la gente callará. Es como la simbiosis en el reino animal: la asociación produce beneficios mutuos. ¿Y qué hace la Administración para alimentar el sistema? Sencillo: aportar cada vez más dinero y dar más facilidades para contentar a todos. El objetivo es que no haya protestas. El control es lo de menos. No son buenos tiempos para entrar en estas cuestiones tan malsonantes. Aunque se derrochen fondos públicos; aunque ordenadores y materiales didácticos muy caros permanezcan sin desembalar o sin utilizar; aunque haya profesores que apenas tengan horas de clase; aunque unas aulas estén casi vacías y otras llenas El dinero es fundamental, pero no suficiente. El propio Ministerio de Educación ha reconocido que cuanto más gasta una comunidad autónoma, peores resultados obtiene. Es verdad que hay otras variables, pero expertos en educación siguen insistiendo en que, llegados a un cierto nivel, el aumento de gasto no correlaciona positivamente con el rendimiento académico.