No han sido afortunadas las declaraciones del presidente de la Xunta que publicaba algún medio de comunicación. Decir que antes las oposiciones a la enseñanza se resolvían «a dedo», con todo respeto, habla muy poco a favor de tan importante autoridad y deja en muy mal lugar, exclusivamente, a miles de profesionales que, con gran esfuerzo y sacrificio, han aprobado unos procesos selectivos de acceso a la función pública docente difíciles y con un alto número de aspirantes por plaza. Tal afirmación demuestra, además, desconocer el funcionamiento de estos exámenes, lo cual es impropio de una persona que viene ostentando, desde hace tiempo, cargos públicos. Los miembros de los tribunales de estas oposiciones se sortean públicamente, excepto el presidente, que es designado por la Administración. Este proceso lleva funcionando muchos años y el actual Gobierno continúa aplicándolo. Es muy grave, por lo tanto, dudar de su transparencia, pues equivale a desconfiar de funcionarios docentes, la mayoría de los cuales no tienen interés en formar parte de tan desagradable responsabilidad, pero que han de asumirla si el azar los elige. Podríamos ir aún más allá: las oposiciones a la enseñanza son una de las acciones de las que más orgullosa se puede sentir nuestra Administración educativa e incluso han servido de modelo a otras comunidades autónomas. Solamente se podrían justificar estas declaraciones por la incontinencia verbal propia de un período preelectoral, con el afán de justificar la conflictividad de estos días por la asignación de profesores a los centros educativos. Los problemas de comienzo de curso nada tienen que ver con las oposiciones a la enseñanza, sean libres o restringidas, ni con los propios docentes, sean estos contratados o funcionarios. Es esta otra cuestión muy diferente y que merece un tratamiento aparte. Los conflictos surgidos en los colegios e institutos son causados, esencialmente, por una mala gestión y por una ya endémica desorganización y descoordinación. Las normas deben ser claras y aplicarse sin dudar, y lo que se dice en provincias no ha de ser contradicho desde Santiago. Es necesaria más confianza en unos funcionarios que vienen demostrando, desde hace mucho tiempo, conocer bien el sistema educativo. El actual Gobierno está haciendo un importante esfuerzo en dotación de recursos, como también lo hizo el anterior con respecto al que le precedió. Es lógico; se inicia una etapa y los objetivos y compromisos son muchos. La implantación de la LOGSE, por ejemplo, supuso al anterior Ejecutivo unos mil millones de euros, la mayor parte de los cuales quedaron consolidados en los presupuestos. Ahora bien, la política educativa no consiste solamente en aumentar los presupuestos. También hay que gestionarlos con eficacia, y esto, de momento, brilla por su ausencia.