A caba de realizarse en los centros educativos gallegos la evaluación de diagnóstico sobre las competencias básicas alcanzadas por los alumnos. Estas pruebas anuales están reguladas por la LOE y se aplican en 4.º curso de primaria y en 2.º de la ESO. Sus resultados deben servir para orientar a los centros y a las familias. Además, en el marco de la evaluación general del sistema educativo, han de propiciar la mejora de las políticas de la educación. En nuestro país no hay tradición en este tipo de evaluaciones. No se da prioridad al proceso de retroalimentación, según el cual los resultados deben ser aprovechados para volver atrás, corrigiendo errores. Hace varios años que disponemos de informes globales. Desde el PISA hasta la citada evaluación diagnóstica, pasando por los que realizan otros organismos, universidades o fundaciones. Todos repiten machaconamente lo mismo: hay problemas de expresión, comprensión y cálculo. No se expone con coherencia y corrección lo que se piensa o se sabe; no se entiende lo que se lee; no hay hábito lector; no se domina el razonamiento y cálculo matemático elemental. Base deficiente, en dos palabras. Además, dichos informes constatan la falta de implicación de la familia y la carencia de valores como el esfuerzo y el trabajo. El mal está, por lo tanto, clara y reiteradamente diagnosticado. ¿Qué remedios se aplican? Varias comunidades, entre las que se encuentra Galicia, vienen desarrollando planes de potenciación y refuerzo de las competencias básicas, en especial de la lectura. Son importantes, pero no suficientes. La principal reforma corresponde a la Administración del Estado y debe suponer cambios en el sistema educativo. Los primeros cursos de la educación básica están sobrecargados de materias y de contenidos; los horarios de asignaturas esenciales son insuficientes; la etapa de secundaria sigue mal estructurada, etcétera. El pacto social y político por la educación, que el ministro intentó hace un año, no fue aprobado. Sigue siendo imprescindible. Evaluar y evaluar, sin reconducir las políticas, supone despilfarro de dinero y tiempo. El próximo Gobierno, que no debe tardar, ha de acometer, con urgencia y consenso, este pacto.