E l estreno del Gobierno ha sido impactante. El decreto ley, convalidado por el Congreso con una cómoda mayoría, ha sonado como el comienzo de una sinfonía que utiliza todo el metal disponible de la orquesta. Ha pillado por sorpresa a la ciudadanía. Se esperaban recortes en los gastos de los ministerios. La sociedad tiene asumido que esos y otros de las demás Administraciones públicas, especialmente autonómicas, son indispensables para disminuir el déficit, a lo que estamos obligados como Estado miembro de la UE. Lo que no se esperaba era el aumento de impuestos, cuando el hoy presidente había declarado con reiteración a lo largo de la campaña electoral que no se subirían y reafirmó en el discurso de investidura que no tenía intención de subirlos. ¿Qué ocurrió para que once días después cambiase?
Lo dijo primero en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno. La previsión del déficit público con que se encontraron no era del 6 % como había asegurado el Gobierno socialista, sino del 8 %. Han abundado las opiniones que han puesto en duda que no se supiera, sobre todo teniendo en cuenta los elogios compartidos sobre la modélica transmisión de poderes. En el debate parlamentario el portavoz del grupo socialista insistió en esa hipótesis, con escasa fuerza dialéctica, porque tiraba piedras contra el propio tejado. Lo importante no era el conocimiento por parte de Rajoy de que la cifra del 6 % no era real. Lo decisivo es que el anterior Gobierno la dejó en 8 %, un gasto de 20.000 millones de euros más de lo previsto. En su primera entrevista pública Rajoy ha precisado que se enteró de esa realidad el 27 de diciembre, siendo ya presidente, por la Intervención General del Estado. Así las cosas, resulta razonable atribuirle el beneficio de la veracidad. Incluso el discurso de investidura contaría a su favor. Desde una posición institucional -«no hay ninguna voluntad de mirar atrás»- tendría que dar por buena la previsión que había sido declarada.
Era obligado tener en cuenta el nuevo dato con la intención de anticiparse a una posible reacción negativa de los mercados. Parece que la decisión ha sido acertada. Y resulta muy significativo que, según sondeo publicado, la mayoría, aunque se pronuncia contra la subida del IRPF y la congelación del salario mínimo, da su respaldo al presidente Rajoy. Cuenta con un poder parlamentario, autonómico y local sin precedentes para gobernar y, además, no existe otra alternativa en el horizonte. Los ciudadanos tienen que confiar prácticamente por necesidad. Por eso se precisa no solo acierto técnico, sino también una información que dé seguridad a la esperanza. Una sociedad secuestrada puede salir por registros no deseables. Rajoy ha declarado: «Voy a dar la cara y no me esconderé». Parece la contestación a las críticas por no haber comunicado personalmente las medidas adoptadas. En la etapa en que nos encontramos y con los sacrificios que se imponen, los ciudadanos requieren proximidad del presidente.