Reconforta saber que además de crujir a las clases medias con nuevos impuestos y tasas para afrontar la crisis económica, alguien empieza a pensar que hay que evitar en el futuro que vuelva a pasar lo mismo; es decir, que algunos -muchos, por lo que constatamos a diario- gasten a crédito dinero público a mansalva sin respaldo presupuestario para que luego lo acaben pagando los de siempre: los ciudadanos.
Por eso entre tantas noticias de lo que nos tienen que quitar, lo que aún nos van a quitar y de lo que tenemos que prescindir para no acabar bajo un puente, nos levanta el ánimo que el Gobierno se proponga impulsar una ley con la que se puedan exigir nuevas responsabilidades penales a los gestores públicos, ya sean políticos o personas nombradas por políticos, que incumplan los presupuestos. Lo de menos es que se llame Ley de Transparencia de Gobierno, lo importante es que sea concisa, precisa y eficaz. Que se apruebe y que se aplique.
Un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto porque si lo hace está falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego devienen en deuda y esta se vuelve impagable. Si los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales por falsear las cuentas de sus empresas, ¿cuál es la razón de que no ocurra otro tanto con los gestores de la cosa pública? Claro, es que el dinero público no es de nadie. ¡Qué gran hallazgo fue este! ¿Recuerdan quién lo dijo?
Lo más indignante de la actual situación, lo que movilizó a más personas el 15-M, no es que se produzcan recortes en los servicios básicos, es que se hayan ido de rositas y alardeen de ello algún que otro expresidente de comunidad autónoma, de diputación, de organismo público; consejeros, alcaldes, concejales y una larga lista de cargos públicos, antaño llamados servidores públicos. Que varias comunidades hayan visto rebajar a bono basura su credibilidad financiera y que muchos ayuntamientos deban el equivalente a 25 veces su presupuesto anual es asunto que, al parecer, no les concierne a los causantes de tanta ruina, que para más escarnio gozan de buenas pensiones o nuevos cargos públicos bien retribuidos, figurativos y fuera de los focos mediáticos.
El mayor rearme moral que necesitan los españoles es saber que dentro de poco el que la hace la paga, que nadie más se va a ir de rositas y diciendo «ahí os quedáis» y que el dinero público es de todos, es sagrado y no se puede despilfarrar.