Seamos realistas. A España no le salen las cuentas. Ese es el hecho cierto. Olvidémonos incluso de si la culpa es de despiadados millonarios que fuman puros en los salones de Wall Street o de la incompetencia de un Gobierno que no supo ver la que se nos venía encima. La realidad es que hay que ahorrar 30.000 millones de euros. Y que, además, nuestros ingresos se van a reducir de una manera brutal. Y, en esas circunstancias, con resaca y con las botellas vacías por recoger, resulta inevitable que por algunas cosas sobre las que hasta hace muy poco dábamos por hecho que había barra libre universal, alguien va a tener que pagar durante un tiempo. Podemos taparnos los ojos y decir que no. Que aquí no se mueve nada y que con la mitad de de dinero se va a seguir sirviendo el mismo menú. O podemos empezar a pensar en quién y cómo va a tener que abonar la factura hasta que amaine. En ese objetivo de llamar a las cosas por su nombre no juega a nuestro favor la aversión irracional hacia vocablos que, en realidad, pueden expresar conceptos muy distintos.
¿Copago? Depende. Lo que hay que ver es para quién, sobre qué y cómo. Una cuestión es, por ejemplo, que el Estado deba garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los fármacos. Y otra distinta que quienes disponen de una renta muy superior a la media tengan garantizada la gratuidad de las medicinas de por vida, independientemente de la situación económica del país. Ante un mismo problema, puede haber soluciones aberrantes, como la que que se ha tomado en Cataluña cobrando una tasa de un euro por receta, sin tener en cuenta la renta del paciente y con la sola excepción de las pensiones no contributivas, o soluciones democráticas, que consisten en que, mientras la gratuidad universal no pueda garantizarse, quienes más tienen sufraguen la gratuidad de las medicinas para los que menos poseen.
A riesgo de caer en la demagogia, ¿por qué en una economía casi de guerra como la actual las aspirinas del señor Botín las tienen que pagar todos los ciudadanos? ¿Por qué se aplaude que se cree un impuesto para las rentas altas y sin embargo produce urticaria que esas mismas rentas altas paguen por sus medicamentos para que otros los puedan tener gratis?
El otro principio imprescindible para cualquier tipo de copago es que, antes de llegar a cobrar a un ciudadano por algo que debería ser gratuito, el Estado debe acabar previamente con todas las subvenciones indiscriminadas y absolutamente prescindibles. Que alguien le explique por ejemplo a un catalán por qué el Ministerio de Cultura concedió en diciembre del 2011 698.778 euros de subvención a la película Habitación en Roma, de Julio Medem, cuya recaudación total en taquilla fue de 509.467 euros. Que le expliquen a este catalán por qué hay que sufragarle a Medem sus fracasos mientras a él le cobran un euro cada vez que va a la farmacia.