Llega a la DGT nueva directora y apunta inmediatamente su desconfianza con los cómputos oficiales de personas muertas en accidentes de tráfico. Y no le faltan razones, puesto que en esta vieja historia se ha carecido de rigor en las cuentas españolas, tal vez porque convenga a veces la instrumentalización de cifras a la baja para los ojos de la UE, es decir, que cuantos menos muertos mejor. En Bruselas el indicativo del número de fallecidos suscitaba ciertas dudas, tantas como para multiplicarlo por un coeficiente corrector.
Ocurre que aquí se contaban los fallecidos en el acto del accidente o en las veinticuatro horas siguientes, mientras que el criterio establecido en Europa exigía tener en cuenta a quienes perdían la vida, también, en los treinta días siguientes al suceso. La excusa española, de escasa consistencia, argüía dificultades en el seguimiento de heridos internados en centros hospitalarios, sencillamente porque no se habilitó la normativa para la consiguiente entente entre órganos de la propia Administración estatal. Modernamente, por si fuera poco, se decidió la exclusión en las cuentas finales de los fallecidos en áreas urbanas bajo vigilancia de policías locales, alegando razones competenciales y escasa fiabilidad respecto de sus informaciones. No parece sino que, como en la longa noite de pedra, hay en el tráfico muertos de primera y muertos de segunda, muertos de calles y muertos de carreteras.