Los asuntos judiciales relativos a corrupción que implican a cargos y personajes públicos están ocupando amplios espacios en los medios de comunicación. Parecen telenovelas urdidas con materiales de los sumarios, incluso cuando están bajo secreto; una ironía. Se les identifica con diversos nombres, de los que prescindo para no contribuir a la morbosidad. Habrá que esperar a que se pronuncien las sentencias correspondientes, pero la transcripción de algunas conversaciones telefónicas y hasta declaraciones de algún imputado producen estupor e indignación en un ambiente de crisis. En la condena a un expresidente de la comunidad de las islas Baleares se contiene una frase lapidaria que vale para todos los posibles casos de corrupción, aplicable a quien por profesión o por representación desempeña una función pública: «debe servir a la Administración, nunca servirse de ella».
Existe una variada gama. En unos casos el servirse de la Administración se traduce en beneficios económicos, dinerarios o en especie. En todos anida el medro personal, rápido en no pocos, en el que juega una ambición desmedida por mejorar el estatus social, ligada al lujo y su ostentación. En otros, sin excluir este objetivo, puede dominar el interés político, no ajeno al electoral, como contrapartida del favor otorgado. El expresidente de la comunidad no es condenado en esa causa concreta por haberse enriquecido, sino por fabricar fraudulentamente una imagen pública. Todo el artificio jurídico impulsado por él consistió en financiar, con dinero público y burlando el Derecho, a un periodista que le escribiera discursos, realizase reportajes y entrevistas, que creara el ambiente adecuado para gloria del poder aunque, para mayor inri, incluso «nunca se hicieron». No es cuestión de analizar la sentencia que va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo. La imagen que pretendió conseguir ha quedado destrozada.
La Justicia ha lanzado un estimulante mensaje. El miedo, al menos, guarda la viña. Sin duda, la transparencia que nos anuncian ayudará también a instaurar un clima que haga menos propicia la corrupción. Desde un punto de vista positivo, convendría revalorizar la idea de servicio. Quizá no pase por su mejor momento y, sin embargo, dignifica a quienes lo prestan con libertad de espíritu. Es la razón de ser y, si se me permite, debería ser el orgullo de cargos públicos y de funcionarios. La Administración pública sirve a los intereses generales, pusimos en la Constitución.
Con frecuencia se ironiza acerca del cumplimiento de los empleados públicos. No me incumbe canonizarlos. Cualquiera podrá contar experiencias de diferente signo. Me quedo con las positivas. La función pública es fundamental en un Estado social y democrático de derecho. Necesitará racionalización y estímulo. Precisa también ejemplaridad de quienes ocupan cargos políticos. Del rey hasta el funcionario situado en el más bajo escalón retributivo, todos son servidores públicos. La función obliga.