S e nos pide ahora a los ciudadanos que colaboremos con el mantenimiento de la sanidad y la educación, como si no fuéramos esos mismos ciudadanos los que con nuestros ya abultados impuestos mantenemos esos y otros servicios. Más que a una clase media debilitada y a una clase baja cada vez más empobrecida, habría que hacer ese llamamiento a los que defraudan de las mil maneras posibles y muy poco controladas, a los que se benefician de una baja presión fiscal por ser diputados o por ser acaudalados ciudadanos, a los que reciben dinero de los ciudadanos de base, a través de subvenciones e incluso devoluciones de muy difícil justificación. Y particularmente a ese ejército de personas que vive de gestionar el dinero que todos aportamos: los políticos.
Primero porque, a la vista de los resultados, su gestión no es la que debería ser; y, segundo, porque con sus decisiones han llenado el país de organismos multiplicados, de corporaciones prescindibles y de miles de asesores, diputados, gestores etcétera, cuyo trabajo no se acaba de entender, porque somos muchos los que pensamos que con menos personas se podían obtener los mismos resultados.
Hablo de las diputaciones, de los parlamentos regionales, del Senado, del propio Congreso de los Diputados. Realmente hay que admitir que fueron los políticos los que montaron la mayor empresa de este arruinado país, sufragada con el dinero de todos y justificada por una democracia cada vez menos representativa de los intereses de los ciudadanos y más de las ambiciones de los partidos, que son quienes toman los acuerdos. Por eso me parece indigno que no se acabe con este insostenible peso antes de cargar más la presión sobre los ya sobrecargados ciudadanos. Muchos de los culpables, algunos con sus alforjas repletas, siguen mirando hacia el otro lado, como si lo que pasa no fuera con ellos.