H ace semanas, el debate sobre la fusión municipal, más mediática que efectiva, hizo saltar todas las alarmas previsibles cuando la modificación del mapa administrativo se plantea como no se debe. Ahora nos queda esperar los ya anunciados planes del Gobierno central sobre la actualización de dicho mapa en toda su complejidad, de manera planificada y con criterios objetivos preestablecidos, que es como deben abordarse estos temas. Se habla de reformar las diputaciones, de potenciar las comarcas y los otros espacios de cooperación intermunicipal y de racionalizar el mapa municipal mediante la fusión programada de municipios. Esperemos que así se haga. Tan solo con suprimir los de menos de mil habitantes, de todo punto inviables, se reduce casi a la mitad el actual mapa municipal español.
Ahora, después de casi diez años de contestados debates, se aprueba en minoría el área metropolitana de Vigo. Tampoco parece que haya entrado con buen pie. Y diré por qué. Hace un tiempo estudié cuáles eran las razones concretas por las cuales todas las áreas metropolitanas españolas se disolvieron, y la de Vigo, en su primera andadura, ya ha caído en dos de las cinco comunes: la cuestión del liderazgo y el procedimiento para la modificación de los límites administrativos. En el horizonte se anuncian los problemas de financiación, la relación coste-beneficio que este modelo va a suponer para los municipios, los choques con la autonomía municipal y probablemente el aumento de la burocracia y la superposición de competencias. El camino emprendido es difícil de llevar a buen término. De hecho, en un cuestionario que acabo de realizar a las 28 grandes ciudades españolas, entre otros temas, pregunté por las fórmulas de gestión de los servicios comunes. El resultado es positivo: en todos los casos funciona aunque con formatos diferentes. En ninguna ha sido necesario crear nuevas estructuras administrativas burocratizadas.
Pero hay una nueva realidad derivada: en un mismo espacio están actuando cinco niveles político-administrativos cuando lo recomendable es que no excedan de tres: los municipios, una delegación territorial de la Xunta, la Diputación y el propio Gobierno regional a los que ahora se suma el área metropolitana. Entre ellos tendrán que intercambiarse las competencias y los dineros para financiarlas. Mucho me temo que tampoco este camino haya sido el mejor. En todo caso, es un error abordar la reorganización administrativa del territorio utilizando moldes obsoletos de una ley que hace tiempo necesita ser reformada. Son demasiadas instancias para cualquier territorio, y más para uno como el nuestro que se despuebla, que se empobrece y que a medio plazo será incapaz de sostener el modelo autonómico tal como ahora está planteado.