La financiación autonómica se asienta sobre un fracaso institucional que hace mucho daño. Nos referimos a la incapacidad política para lograr la convergencia financiera entre las comunidades forales (que reciben más dinero) y las de régimen común. Esta situación incumple el artículo 138.2 de la Constitución española y genera inestabilidad política permanente. Todas las reformas de la financiación autonómica propuestas desde Cataluña trataron de corregir a su favor este agravio comparativo. El pacto no escrito entre el Gobierno y la Generalitat, que subyace en las normas de financiación vigentes (Ley 22/2009, de 18 de diciembre), genera problemas diversos al incluir aspectos cuestionables del Estatuto catalán aprobado en el 2006.
En dicha reforma se reduce la nivelación a tres servicios básicos (sanidad, educación y dependencia), se aumenta la participación autonómica en los tributos estatales cedidos, legitimando así las cifras previas recogidas en el Estatuto catalán, y se amplían los recursos de Cataluña vía inversiones estatales y mediante el Fondo de Competitividad. Pero los resultados son insuficientes para el presidente Mas, que reivindica un pacto fiscal para Cataluña similar al existente en el País Vasco. La situación se hace más compleja cuando Mariano Rajoy accede a la presidencia del Gobierno y el Partido Popular catalán, encabezado por la señora Sánchez Camacho, se dispone a celebrar en los días 5 y 6 de mayo un congreso regional para defender el autonomismo diferencial y facilitar así el encaje de Cataluña en España.
¿Y qué diferencias existen entre el autonomismo diferencial de Sánchez Camacho y la reivindicación de Mas? No muchas. En ambos se defiende un trato singular para Cataluña a fin de que esta reciba todos los ingresos de sus impuestos, minorados por una aportación entregada al Estado para financiar la solidaridad. La ponencia busca fórmulas dinámicas para determinar que esa aportación sea finalista y limitada en tiempo y cuantía, pretendiendo que todo ello permanezca dentro de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y sin deterioro de la posición de Cataluña en el ránking de renta per cápita una vez aplicada la solidaridad territorial. El encaje de Cataluña en España parece mas bien un encaje de bolillos, al ser igualmente compatible -dicen- con el proyecto político general del PP. El autonomismo diferencial sería así un antídoto eficaz contra el federalismo igualitario y el nacionalismo separatista. Vaya por Dios. Ya casi nadie recuerda que si en Madrid y Valencia hacen lo mismo que Cataluña, la solidaridad autonómica queda reducida a un conjunto vacío.