La justicia penal es lenta en todas partes y más si es de calidad y está dotada de instrumentos que garanticen el respeto de los derechos de las víctimas y de los infractores. Esta lentitud favorece una primera injusticia, pues no cabe duda de que una justicia tardía corre el riesgo de no ser justicia. A ello hay que añadir el coste económico, los olvidos de lo ocurrido? que ponen en entredicho el llamado principio de legalidad, que propugna la aplicación estricta de la ley, con independencia de su coste o inadecuación. Así, una persona que comete un delito, por ejemplo de robo con violencia, puede ser juzgada y condenada a una pena de 4 años y cuando se la encarcela pueden haber pasado 5 años. Y con independencia de que se trate de una persona diferente (con trabajo, casada, con hijos?) se ha de aplicar la ley sin fisuras.
Ante tal final no deseado, hay países, sobre todo los anglosajones, que aplican el principio de oportunidad: ese joven del ejemplo que tenía 19 años cuando cometió el delito, de reconocer su culpa, al día siguiente de los hechos se le podía haber impuesto, si el fiscal así lo hubiera querido arreglar, una pena de 2 años y un día, y hubiera ingresado en prisión al día siguiente.
El principio de oportunidad supone renunciar a parte del principio de legalidad en aras del pragmatismo. Lo reflejaba Tom Wolfe en La hoguera de las vanidades cuando decía que en el Bronx (Nueva York) había 7.000 procesamientos cada año por delitos mayores, pero solo se podían juzgar 650 causas anuales y el resto se llevaban por la vía del arreglo, permitiendo que el acusado se declarase culpable de una acusación más leve.
En España diversas modificaciones legislativas recientes han permitido una aplicación del principio de oportunidad, si bien de forma tasada: los pactos de conformidad y las rebajas de penas están preestablecidas.
Parece que Urdangarin y su exsocio Torres han modificado su táctica ante el mal resultado que les ha dado el enfrentamiento entre ellos y quieren ofrecer una versión que, reconociendo su culpabilidad y rebajando el tenor de la misma, les posibilite un posterior pacto con el fiscal que conllevaría su no entrada en prisión, sin perjuicio del pago de las responsabilidades civiles.
Sin embargo aún no es el momento de los acuerdos. La instrucción, según lo publicado, no ha concluido y pueden aparecer nuevos hechos delictivos. Y por otra parte, existiendo acusación particular, como es el caso, hay que contar con ella para cualquier arreglo, lo cual parece difícil con los datos publicados. Por ello, a día de hoy, la causa ha de seguir su curso, por más que Urdangarin se haya percatado de que una cosa es afirmar y otra que te hagan caso.