H oy será el día del decreto que caerá sobre la banca con ánimo de redención. Y digo: o ese decreto encarrila la solución de la crisis financiera, o el apasionado reformismo de Rajoy se diluye en el terreno de los buenos deseos y las lentas realidades. Se precipitó la reforma laboral, y tardaremos años en ver sus efectos. Se ordenó el ahorro sanitario, y ahora vemos correcciones vergonzantes, como encomendar a las oenegés la atención a inmigrantes. Se hizo un recorte educativo, y no hay quien cuantifique su cuantía ni su repercusión en la calidad. Y en el terreno bancario no se atrevió a meter la mano en el fuego hasta que el humo de Bankia no dejaba respirar. Dice Feijoo que Rajoy encontró un panorama peor del esperado, y seguro que es verdad, pero no se puede meter todo en el expediente de la difícil situación heredada.
Esta segunda fase de la reforma financiera tiene que salir bien, porque ni el sistema aguanta mucho más ni la economía del país soportaría otro fiasco. ¿Y qué es salir bien? Encontrar el modo de salvar el sistema, devolver tranquilidad al ciudadano y restablecer la imagen de España, sometida a los vendavales de las agencias de calificación y a los menosprecios de la prensa internacional. Y, de paso que se redacta, no vendría mal que el Gobierno o el Banco de España (si lo sabe) informaran debidamente de la situación de cada entidad. Debidamente quiere decir: con transparencia; con informes independientes; con dictámenes de auditoría; sin favoritismo político; con detalle de los tóxicos que almacenan; con planes de viabilidad contrastados, y con garantía de que volverán a funcionar los controles del Banco de España. No puede ser que los bancos sanos estén al borde del precipicio por culpa de la gestión desastrosa de otros. Y mucho menos, que los ciudadanos no sepan qué hacer con sus ahorros. Entre todas las inseguridades que nos toca vivir, esa es la peor.
Y un detalle que empieza a asomar en la opinión: la exigencia de responsabilidades. Es la hora del puñetazo en la mesa y de la pérdida del miedo al poder económico. No se trata de pedir que se aplique el Código Penal a nadie. Se trata de clarificar por qué se han cometido los errores de Bankia, por qué se desconocía su estado, si hubo voluntad de engaño a la sociedad, al Estado y a los mercados, y por qué tantos inversores han tenido que perder tanto dinero. Esto exige un juicio público. Simplemente, para que desaparezca la sensación de impunidad en tantos atropellos a los bienes públicos. Mientras no se exijan responsabilidades, los gestores de bancos solo se preocuparán de una cosa: de asegurar su indemnización. Que es, por cierto, lo que nunca les ha fallado y me temo que nunca les fallará.