Este año no habrá debate sobre el estado de la nación. A diario, sin embargo, se transmiten noticias que dan cuenta de la situación. Algo de lo que está sucediendo me ha hecho recordar la cita de Horacio con la que terminé mi intervención en el Congreso de los Diputados en la defensa general del crucial título VIII de la Constitución. Se trataba de reconstruir el Estado, asegurar la convivencia, pacificar viejas querellas. Sería ingenuidad confiar en que la aprobación del texto constitucional garantizaría su consecución, pero apocamiento no intentarlo. Haciéndome eco de la advertencia del clásico, «gana el puerto ante las olas que llevan al mar», terminé expresando un «me temo que no hay posibilidad de recular». Han pasado muchos años y las cuadernas del Estado que entonces dispusimos resisten, pero crujen.
La tormentosa singladura que la crisis económica y financiera impone a la nave del Estado en que todos estamos embarcados no debe ocultar el deterioro de las instituciones, ni la conciencia de la deriva incierta que se está siguiendo. El partido, para seguir con el símil utilizado en la dialéctica partidista, no se juega en Europa, sino en casa. En la cancha, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, participan unos concretos jugadores. Formalmente llevan el mismo, y por cierto sobrio, equipamiento, pero tienen hooligans que les atribuyen distintivos o simplemente los descubren. Existen dos equipos, con episódicos fichajes, que para la percepción ciudadana se corresponden con los partidos políticos en el Gobierno o en la oposición. Es difícil no admitir que en el penoso asunto Dívar no haya existido lucha por el poder. El promotor está contaminado por su trayectoria y el desenlace ayuda a la impresión de que la partitocracia domina en órganos de suyo independientes. Los presidentes interinos del Consejo y del Tribunal Supremo tienen en su currículo haber ejercido cargos políticos en Gobiernos del PP y del PSOE.
Hace tiempo que esa misma impresión existe en el Tribunal Constitucional y acaba de confirmarse en la sentencia por la que se declara el derecho de Sortu a ser inscrito como partido político. La misma diferencia de un voto que hubo en la relativa a Amaiur. Una visión distinta a la del Tribunal Supremo, que vuelve a quedar en entredicho ante la opinión pública. El Constitucional no tiene por qué tener en cuenta las pruebas en que aquel fundó su decisión. Le ha bastado con atenerse a la literalidad de lo manifestado en los estatutos. Declaraciones de conspicuos representantes socialistas alentaron o han respaldado lo acordado. Después de tanto retraso denunciado no deja de sorprender que no se haya esperado a la próxima renovación del tribunal ya formalmente comprometida. El escenario político del País Vasco va a cambiar. Queda cada vez más lejos el «pacto con la Corona» en que se basa el privilegio del concierto económico y más difícil el objetivo constituyente de resolver cuestiones históricas.