Van seis meses del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Un largo comienzo de legislatura que no tiene paralelo con ninguna otra si exceptuamos la etapa de Adolfo Suárez. Nada que ver con los de su antecesor. No ha tenido, ni ha dado respiro. La sucesión de reales decretos leyes en las primeras semanas constituye un testimonio inusual. Transmitían sensación de determinación y de seguridad, confirmada por reiteradas expresiones de saber lo que se estaba haciendo, con independencia de que no coincidiera con lo que se había proclamado en la campaña electoral. La diferencia entre lo transmitido por el Gobierno socialista y la realidad colaboraba a hacer comprensibles esas divergencias. A cumplir con el compromiso de reducir el déficit público se aplicaron recortes y más recortes del gasto, algunos de los cuales han incidido en zonas socialmente sensibles. Con respeto para la discrepancia, todo podría darse por bueno si se pudiese percibir un avance en esta liga que estamos jugando contra la crisis. Cierto es que quedan partidos por jugar, pero en este imaginario descanso del semestre vencido parece indispensable hacer un balance de situación.
Una primera impresión es que la profundidad del problema ha causado sorpresa. Esta no ha sido una alternancia normal de Gobierno. Las duras medidas adoptadas no han provocado la esperada confianza de los mercados que nos están asfixiando. La solución está en el campo de la Unión Europea. Nos rebasa; tiene que ver con la dimensión global de la economía y pasa por la urgencia de asegurar la fortaleza del sistema financiero en el que un buen número de sus piezas han sido causa del actual descrédito internacional y de escándalo ciudadano. Las medidas adoptadas no han disminuido el número de parados, aunque hayan podido contribuir a que no hayan cerrado más empresas y, lo que es muy significativo, no han mejorado las perspectivas de la reducción del déficit público.
En el tiempo transcurrido se ha transmitido la impresión de que la táctica inicial de fiel observancia a la poderosa canciller Merkel ha cambiado. La necesidad obliga al Gobierno a un difícil equilibrio de acercarse a Italia y a Francia sin romper con Alemania. Parece que ha tenido éxito. Pero la necesaria prestación que se ha acordado en términos razonables tiene contraprestaciones, como ha dicho con claridad la canciller alemana, para garantizar la devolución y adecuado uso del crédito. Se traducen en necesidad de que el Estado aumente los ingresos, vía impuestos, y se reduzca el gasto público.
Estamos al límite. Habrá que pensar, si no en un replanteamiento total de las estructuras del Estado y del sector público, en un adelgazamiento severo, suspensión de actividades no esenciales, austeridad de los representantes públicos.
Quizá nos asomamos a un cambio de ciclo. La desaparición de las cajas gallegas y sus cúpulas ayuda a confirmarlo. Requiere una toma de conciencia, exige una explicación del presidente y, al menos, un armisticio político.