T ambién las autopistas de peaje, venidas al mundo para el buen funcionamiento de los principios de la fluidez y de la seguridad en el desarrollo del tráfico, se vuelven contra la razón misma de su existencia. Ocasionalmente, por motivos bien conocidos, las retenciones de vehículos en los accesos a las áreas de peaje se hacen insufribles para el viajero, habitual perdedor de casi todas las batallas, escarnecido también en estos lances, incluso a costa de su propio peculio.
En estas circunstancias, desde algunos niveles representativos de la acción política, es fácil compadecerse del sufrido ciudadano, llegando al punto de un cierto arbitrismo que clama por una especie de régimen de puertas abiertas en los puntos del cobro de peaje. La medida sería grata e incluso racional para el respetable, pero es de temer que el régimen de funcionamiento de una autopista, como concesión administrativa, esté subordinado a un condicionamiento legal que seguramente no ha previsto el libre paso por las estaciones de cobro, siendo así, por lo demás, que la gestión del vial busca el lícito afán de lucro. Es posible la revisión del título concesional, pero no es menos posible que el concedente asuma el costo económico que supone abrir barreras bajo definidas circunstancias, antes de lesionar el derecho del sufrido usuario.