En esta España enferma de estatutitis, al borde de la intervención, faltan dos estatutos por acometer: el de la Casa Real y otro que afecte a los expresidentes. Nos referiremos al segundo.
La Administración y las Cortes, que deben aprender de la iniciativa privada, consienten que aquellos que han ocupado el alto puesto ejecutivo usen a su jubilación la agenda que han conformado gracias al dinero de todos los españoles, que los hemos alimentado, aunque cierto que mal si limitamos sus ingresos a unos 80.000 euros brutos al año, poco para su tarea. Están las bagatelas de los fondos reservados, y no sé qué más les permite ahorrar, pero no tanto como para hacerse mansiones suntuosas, que seguro adquieren gracias al futuro que les espera como conferenciantes, consejeros de sociedades, etcétera, en lo que han caído todos, menos Calvo Sotelo, que ya era rico por su casa, o Suárez, al que la salud no le deja entrar en el juego.
A los expresidentes hay que ponerles unas reglas que durante un tiempo prudente no les permitan actividades privadas, y si quienes tienen la última palabra son sensibles, les resguarden del riesgo de vivir a costa de personajes o sociedades que acumulan millones de euros, con lo que están al albur de que un día les salpique algún escándalo que manche la ya maltratada marca España. Ahí está Sarkozy acosado por posible corrupción. ¿Qué pasaría aquí si uno de nuestros expresidentes estuviera en una situación parecida?