N o corren buenos tiempos para las autonomías. Están en el punto de mira de Bruselas y los mercados. La situación financiera de las comunidades autónomas revela que no han actuado conforme a la buena administración que reconoce la Carta europea de derechos fundamentales. Podrían contarse una larga retahíla de despropósitos, despilfarros y megalomanías contra los que se alzan voces, a las que me uno. Partidos de diferente signo, estatales, nacionalistas y autonómicos han contribuido a esa deriva, ahora generalmente criticada, que debe corregirse con decisión. La cuestión de fondo es que esos comportamientos, en casos paradójicamente, han proporcionado argumentos para el descrédito del propio sistema autonómico.
Empiezan a ser frecuentes las manifestaciones en los medios de comunicación sobre la necesidad, incluso la urgencia, de reformar la Constitución. El descrédito -se llega a hablar de la quiebra del Estado de las autonomías- ha venido no de lo que dice la Constitución, sino de cómo los partidos políticos la han interpretado, llegando a vulnerarla. La actual generalización de las autonomías se impuso por razones electorales y clientelares, aparte de intentar difuminar los enarbolados hechos diferenciales. Una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno y un Tribunal Superior de Justicia se prevén solo en el artículo 152 de la Constitución para los territorios a que se refiere la disposición transitoria segunda que tuve el honor de defender en el Congreso de los Diputados, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, así como los que siguieran un complicado procedimiento, referendo incluido, caso de Andalucía, que por cierto no cumplió todos los requisitos exigidos en la ley correspondiente.
Ilustres profesores que propiciaron esa generalización pretendidamente igualitaria no parece que se atrevan a llevarla al final de proponer la supresión de los conciertos económicos del País Vasco y Navarra, impensables en el Estado federal que defienden. Nos advierten sobre la necesidad de cambiar la regulación constitucional de las competencias, que ha convertido «al Estado-aparato en un cascarón vacío», sin denunciar que ese aludido «vaciamiento» se ha llevado a cabo por razones partidarias en contra del artículo 150,2 de la Constitución, que habla de transferencia solo de facultades como quedó claro en el debate constituyente.
Para cambiar el actual sistema los bien pensantes doctrinarios podrían proponer la resurrección parcial del preautonómico «café para todos», sin reformar la Constitución. Bastaría que una ley orgánica anulase los Estatutos no aprobados por referendo. En esas comunidades autónomas no habría asambleas legislativas, ni tribunales superiores de justicia; el Gobierno autonómico tendría carácter administrativo y dejarían de tener razón defensores del pueblo, tribunales de cuentas y otros órganos cuya supresión se postula.
La especulación doctrinal tiene evidentes limitaciones. El mal no reside en la Constitución.