Según la encuesta del CIS, un 40 % de los consultados son partidarios de quitar competencias a las comunidades autónomas o de suprimirlas. Voces autorizadas sostienen que «el Estado autonómico no es sostenible», que ha llegado el momento de «devolverles la racionalidad». Lo que me preocupa, como constituyente que intervino muy directamente en la redacción del vapuleado título VIII de la Constitución, no es la crítica a los excesos de las comunidades autónomas, sino que pueda entenderse como una repulsa a lo que figura en la Constitución. El mal que se lamenta no está en la Constitución. En gran medida viene de su vulneración, que el Consejo de Estado viene a reconocer.
Convendría recordar el proceso seguido hasta la insatisfactoria situación económica actual. Con las comunidades autónomas se pretendió resolver un problema político no inventado por los constituyentes, cerrar un paréntesis después de cuarenta años. Existía un amplísimo consenso en cambiar un Estado centralizado. Bajo el término de autonomía se cobijaron, a la vez, sentimientos de autoconciencia colectiva y aspiraciones descentralizadoras para acercamiento del poder a los ciudadanos en la procura de mayor eficiencia.
No fue fácil, si se tienen en cuenta los polos más distantes entre los grupos parlamentarios: pacto con la Corona de la Minoría Vasca, entonces contraria a la autodeterminación y el Estado regional italiano o incluso Mancomunidad de Diputaciones sostenido por Alianza Popular. Las orientaciones fundamentales que planearon en la redacción fueron la de generalizar las autonomías y la del reconocimiento de singularidades, sin discriminación, en un marco general. La primera, «el café para todos», predeterminada por las llamadas preautonomías, apareció en un primer borrador filtrado a la prensa. Fue abandonado en la redacción definitiva de la Constitución.
La voluntad del constituyente quedó explícita. La autonomía se configura como un derecho, no se impone. Se reconocen las singularidades de Cataluña, País Vasco y Galicia, que tendrían Asamblea Legislativa y Tribunal Superior de Justicia y sus Estatutos se someterían a referendo. El camino, abierto a otras posibles, era tan arduo que Andalucía alcanzó el objetivo dudosamente. Para evitarlo, se prescindió de él en los casos de Valencia y Canarias. La generalización se santificó con la LOAPA, bendecida doctrinalmente por la comisión de expertos nombrada por Calvo Sotelo, que no se ha recatado de decir en sus Memorias que estaba pensada para una autonomía a dos velocidades, Cataluña-País Vasco y las demás, en contra de la disposición transitoria segunda de la Constitución.
No se esperó a que pasasen los cinco años previstos en ella para aumentar las competencias. El proceso se consumó en el año 1992, al extenderse las competencias por acuerdo entre los socialistas y los populares, aprovechando en todo caso espuriamente el artículo 150 de la CE sobre transferencias, que no pasó inadvertido al Consejo de Estado.