Convocar las elecciones es una de las escasas prerrogativas que la Constitución y el Estatuto de Galicia conceden de manera exclusiva al presidente de la Xunta. Y, sin duda, es la medida más trascendente que pueda tomar cualquier jefe de Gobierno. Desde ese punto de vista, no cabe formular crítica alguna a la decisión de Alberto Núñez Feijoo de llamar a los gallegos a las urnas. Ejercer su potestad con la máxima amplitud e independencia no es solo un derecho, sino una obligación para cualquier gobernante responsable. Pero es precisamente esa forzada soledad en la que el presidente gallego ha tenido que afrontar su decisión la que carga exclusivamente sobre sus espaldas las consecuencias de su acto político. Valorar ahora si Feijoo yerra o acierta adelantando las elecciones es un ejercicio tan estéril como pueril. Si su decisión ha sido la correcta para Galicia, para él y para su partido, es algo que solo podrá determinarse el 22 de octubre.
No habiendo nada que decir, por tanto, sobre el fondo de la cuestión, cabe reflexionar sobre las formas. Aunque resulta obvio que a la hora de convocar los comicios han pesado los intereses electorales, lo que no resta un ápice de legitimidad a la medida, a un presidente del Gobierno autonómico solo le cabe alegar públicamente el interés de todos los gallegos como única motivación de un adelanto electoral. Sobran por tanto algunas de las explicaciones ofrecidas ayer por Feijoo para justificar su decisión. Por más que pueda sonar a insolidario, el interés de los gallegos debe estar para un presidente de la Xunta por encima del del resto de los españoles. De no ser así, el Estado autonómico carecería de sentido. Huelga así la apelación a la situación «extremadamente difícil» del país y resulta además contradictoria con la excelente salud de las cuentas públicas gallegas de la que presume Feijoo. Ni siquiera el ahorro que supondrá celebrar las elecciones gallegas el mismo día que las vascas es una razón tolerable. Si Patxi López o Emilio Pérez Touriño hubieran tenido un mínimo de responsabilidad política, su obligación habría sido consensuar la fecha electoral con Ibarretxe entonces y con Feijoo ahora. No siendo así, apelar a eso suena a excusa preventiva.
El órdago de Feijoo tendrá enormes consecuencias para su propio futuro. Perder la Xunta acabaría con su carrera política, una de las más prometedoras de la historia de la derecha española, no solo en Galicia sino como futuro delfín de Rajoy. Reeditar el mandato, por el contrario, le catapultaría en Santiago y en Madrid. El PSdeG llega a estas elecciones en una situación de debilidad lamentable, que solo cabe achacar a su propia irresponsabilidad por haber mantenido hasta el último día la incertidumbre sobre quién sería su candidato. Y, aquí, el máximo responsable no es Pachi Vázquez, sino José Blanco, que se ha dedicado durante cuatro años a amagar y no dar, a costa del interés de su partido.