Serán los tribunales los que acaben decidiendo si Oza dos Ríos y Cesuras tienen derecho a un futuro juntos o no. Tras el esperpento del pasado jueves, donde los tres partidos con representación en las corporaciones municipales implicadas repitieron sus eslóganes sin avance alguno, el PSOE ya anunció su intención de impugnar una resolución democrática. A expensas de lo que los jueces decidan, ya veremos cuándo, parece razonable que una ley de ámbito estatal prevalezca sobre una de rango autonómico. Y debiera ser razonable además que las mayorías electas democráticamente puedan aplicar las resoluciones que consideren mejores para sus gobernados. No menos normal tendría que ser que los partidos políticos mostrarán coherencia y que lo que defienden en los salones públicos lo trasladarán a todos los ámbitos de actuación, porque de poco sirve presumir de avalar la reordenación de la planta municipal, reducir los gastos, adaptar las estructuras de gestión a la realidad demográfica y territorial y demás promesas grandilocuentes para intentar toda clase de artimañas que paralicen un proceso de integración municipal del que no se tiene noticias en Galicia desde que hace cien años A Coruña sumara a la otra Oza a su territorio.
Los pasos a seguir. Casi seis meses después de que el presidente de la Xunta anunciara en el Parlamento el inicio del proceso de fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, poco se ha avanzado. Apenas un acuerdo plenario y promesas de inversiones económicas de todo tipo no han conseguido convencer a la oposición. Quizá el período electoral que ahora se inicia sea una buena oportunidad para que los partidos expliquen a los ciudadanos sus planes de cómo pretenden reducir la planta municipal para dotar de viabilidad a entidades con presupuestos ridículos, dedicados en su mayor parte a gastos de personal, y con nula capacidad inversora. Quizá sea un buen momento para fijar unos criterios claros que sirvan a los propios ayuntamientos interesados para avanzar en un camino cuyo único final debería ser la prestación de los mejores servicios posibles a los ciudadanos que les eligen. Solo así se podría conseguir una racionalización del mapa gallego y no quedarnos en una fusión difusa donde solo se oyen reproches entre los intereses de unos y otros y apenas se dedica tiempo a la construcción de unos entes locales más efectivos y adaptados a la nueva situación social y económica.
El papel de la Diputación. Lo más razonable parece que sean los gobernantes los que tomen la determinación, fijen los criterios y aborden la resolución del problema sin enquistarse en estériles debates que en nada modifican las posturas preexistentes de los implicados. Más allá de los reproches del presidente provincial, Diego Calvo, a PSOE y BNG, convendría que se agilicen las gestiones a todos los niveles. A los políticos se les recuerda por lo que consiguen, no por las buenas intenciones que muestren.